El tarifazo prometido

La temporada de verano se anticipó con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunciando el aumento en las tarifas del gas, que llegaría al 45%, y de electricidad, del 38%, para usuarios residenciales, que regirán a partir de hoy.

Tras la realización de las audiencias públicas, el ministro había confirmado estos aumentos, que en el caso de la luz se explica por un aumento del 21% en la generación y el transporte para diciembre y otro 13% en enero, a lo que en el caso de Córdoba hay que sumarle otro 13% extra que Epec aplicará a partir de febrero, totalizando un aumento del 47% para los cordobeses.

Las entidades de defensa del consumidor cuestionaron los altos porcentajes de aumentos, por la incidencia que tienen en los usuarios y reclamaron un plan de aumentos progresivos, para que el impacto sea menor. Una utopía si se analiza que el gobierno tampoco tuvo en cuenta a la hora de autorizar estos aumentos el criterio de razonabilidad que había exigido la Corte Suprema en 2016.

El ministro anunció también una limitación a los alcances de la tarifa social en el uso del gas, ya que hasta ahora quienes tenían ese beneficio sólo debían pagar por los servicios de transporte, de distribución y los impuestos de cada factura, mientras que el consumo estaba enteramente subsidiado por el Estado.

Acerca de la garrafa social, el ¿Ex CEO? de Shell indicó que se elevó el precio máximo de referencia de la garrafa de 10 kilos de $135 a $185, y que se está buscando “un sistema de inspección junto a la Secretaría de Comercio” para que se respete ese precio en el mercado.