3
mayo
2022
El trabajo no remunerado representa un 16% del PBI del país, pero su distribución continúa siendo muy desigual.
Sobre las espaldas de las mujeres descansa la mayoría de las tareas de cuidado, lo que dificulta su participación en el mercado laboral.
La brecha entre los géneros solo disminuye frente a un mayor nivel educativo y durante la edad jubilatoria.
A pesar de todos los avances en materia de derechos de género, la casa todavía no está en orden.
Las mujeres continúan cargando con la mayor parte de las tareas domésticas y resignando así su participación en el mercado laboral.
De acuerdo a la primera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 realizada por el INDEC, la distribución del trabajo no remunerado sigue siendo desigual en nuestro país.
Mientras el 91,6% de las mujeres lleva a cabo el trabajo no pago, solo el 74% de los varones efectúa la misma actividad.
La diferencia sólo se reduce cuando los hombres ingresan a la edad jubilatoria y comienzan a participar más de las tareas domésticas.
También existe menos distancia en el reparto del trabajo no remunerado cuando hombres y mujeres gozan de un mayor nivel educativo.
En ese caso, las mujeres realizan menos esas tareas y ellos aumentan su participación.
Como contrapartida, la existencia de personas que requieren cuidados – niñes, personas con discapacidad y adultes mayores – repercute más en las mujeres.
En cambio, la participación de los hombres es prácticamente igual en hogares con o sin demandantes de cuidados.
Debido a esta realidad tan desigual, las dificultades que tienen las mujeres para acceder al mercado laboral es mucho mayor que la de los hombres.
El porcentaje de varones que realiza trabajo remunerado es del 55,5% frente a un 36,9% que corresponde a las mujeres.
Con el objetivo de equiparar el reparto de tareas domésticas y de cuidado, hoy el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley Cuidar en Igualdad que busca la creación e implementación de un Sistema Integral de Políticas de Cuidados en Argentina.
Así, se pasará de 90 a 126 días para madres y personas gestantes y de 2 a 15 días – hasta llegar gradualmente a los 90 días – para padres y personas no gestantes.
En el caso de que se aprueben, serán de carácter obligatorias y los gastos correrán por cuenta del Estado.
Si bien durante el anuncio se aclaró que el beneficio incluirá a empleadas de casas particulares, monotributistas y autónomos, la pelea que seguirá será la de incorporar a les trabajadores informales.
“En el trabajo legislativo sumemos a las informales. Por ejemplo, a las más de 700 mil empleadas domésticas que no tienen ni monotributo”
Mercedes D’Alessandro, doctora en Economía y militante feminista
La iniciativa también toma en consideración las licencias para futures adoptantes y a quienes realicen tratamientos de fertilización y reproducción mecánicamente asistidas.
Por otro lado, prevé que el Estado garantice la existencia de los espacios de cuidado, públicos y comunitarios.
Un 8,5% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas deberá destinarse a la ampliación de dicha infraestructura.
17
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6
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