El tren Sarmiento termina en la estación Macri

“Calcaterra es Macri”, solían decir sobre la empresa que Mauricio le vendió a su primo hermano, una de las constructoras más beneficiadas por la obra pública durante el ciclo kirchnerista y también en el actual gobierno de Cambiemos. La misma compañía que el primo Angelo le vendió a Marcelo Mindlin, otro de los empresarios íntimos del Presidente de los argentinos.

Lo cierto es que hoy la Cámara Federal porteña le ordenó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que disponga “medidas rápidas y eficaces” sobre el patrimonio de las empresas investigadas por el pago de sobornos para acceder a la realización de la obra de soterramiento del tren Sarmiento.

La orden emitida por la Sala II del tribunal de apelaciones apunta a que, en base a la información que ya se encuentra en el expediente, el magistrado ordene la inhibición general de bienes sobre las empresas investigadas, entre las que están IECSA, la constructora de la familia Macri y Odebrecht, la firma brasileña que reconoció haber pagado coimas en 37 países, entre ellos la Argentina.

En el marco del expediente en el que interviene el fiscal Franco Picardi y en el que se investiga una obra pública de 3.000 millones de dólares, el juez ya había allanado las oficinas de Odebrecht, Iecsa y Ghella, entre otras. En un dictamen de junio pasado, Picardi advirtió que entre 2005 y 2014, hubo un “habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales” para el pago y cobro de sobornos con la obra pública.