El vaso medio vacío

Por Camilo Ratti

La demonización de lo público no es nuevo, ni en Córdoba ni en el país: fue la excusa para rematar el patrimonio nacional durante el menemismo y le sirvió a Ramón Mestre padre para privatizar el servicio de agua potable en 1997 cuando era gobernador de Córdoba. Modelo que José Manuel De la Sota buscó con Epec en el 2001 y que fracasó por la resistencia de sus trabajadores y porque el país estalló por los aires en aquel fatídico diciembre que se cargó al gobierno de la primera Alianza.

Con el gobierno neoliberal de Macri, el libreto del ajuste vuelve con toda su intensidad y los descomunales aumentos de las tarifas de servicios públicos fueron su primer gran botín. Bajo ese paradigma, Schiaretti arremete en Epec con gerentes impuestos por el gobierno nacional y contadores de Kolektor -de estrecho vínculo con el gobierno provincial-, pero nada dice ni hace para contener la voracidad de Aguas Cordobesas, encargada del servicio de agua corriente en la ciudad de Córdoba desde hace 21 años.

Propiedad del Grupo Roggio desde que éste se sacó de encima al Grupo Suez en 2005, el contrato que se renegoció con la Provincia en 2006 y tiene vigencia hasta el 2027, garantiza una fabulosa rentabilidad a Aguas Cordobesas a cambio de un servicio que deja sin agua a los cordobeses ante el primer inconveniente climático, que es caro en comparación con otros servicios y cuyas mejoras en la extensión de la red o la instalación de medidores corren por cuenta de usuarios o la Provincia.

El sistema de facturación le garantiza a la empresa una ganancias siempre sin depender el consumo del usuario.

¿Derecho humano o mercancía?

“El agua es un servicio esencial para la vida, es un derecho humano y no puede convertirse en una mercancía”, advierte a este portal Luis Bazán, histórico referente de obras sanitarias, que se opuso a su privatización en 1997. “El contrato es leonino y asimétrico: las obligaciones son para el Estado y los usuarios, y los privilegios para la empresa”, agrega.

En diálogo con este portal, el legislador Juan Pablo Quinteros, que fue vocal del Ersep hasta 2015, denunció que “es un contrato a la medida de Roggio, porque Aguas Cordobesas solo tiene dos obligaciones: garantizar agua potable y las redes existentes. Toda extensión o mejora en la red lo paga la Provincia o los usuarios”.

Entre los “privilegios” a los que se refiere Bazán se destacan que Aguas Cordobesas nunca pagó el canon por el uso del agua cruda, que es el principal insumo que la empresa toma del Dique Los Molinos y el Lago San Roque. Sobre este punto, Quinteros explicó que en el contrato renegociado en 2006 “se estipula que el prestador del servicio debe abonar al concedente (la Provincia) un canon por uso del recurso, algo que no ocurrió porque nunca se estableció el mecanismo de pago y no se lo incluyó en la tarifa para no recargar la factura de los usuarios”.

“Aguas Cordobesas no está obligado a proveer agua potable, sino apta para consumo humano, que es de una menor purificación. El agua potable es agua de calidad y el apta para consumo humano es una definición técnica de la OMS para los lugares donde hay carencia de agua, como en algunos lugares de Africa. Y es mucho más barato el costo de esa agua”.

Luis Bazán, dirigente del Sindicato de Personal de Obras Sanitarias de Córdoba.

A medida de la empresa

Igual perjuicio sufrieron los cordobeses de la capital con el tema de los medidores: “En el primer contrato estaban a cargo de la empresa concesionaria y ahora lo deben asumir los usuarios o el Estado”, asegura el dirigente sindical. Al respecto, Quinteros puntualiza que los usuarios solo debían pagar los medidores por expreso pedido de éstos, por expansión de la red o renovación de los mismos después de 7 años de vida útil.

En doce años la empresa aumentó 20 veces la tarifa, y sólo recibió cuatro multas.

“Al momento de discutirse la colocación de medidores, método expandido en todo el mundo, la empresa Aguas Cordobesas se ciñó a la letra del contrato y desde la Provincia se expresó que no podía hacer frente a la erogación que ello significaba. El hilo se cortó por lo más delgado y fueron los propios usuarios, tuvieran o no medidor, los que debieron afrontar el pago de un cargo del 18% para lo que debía ser una obligación contractual de la prestadora”, resaltó el legislador del interbloque de Cambiemos.

La discusión no es menor, porque el sistema de facturación le permite a la empresa cobrar un mínimo, se consuma o no el agua: La renegociación estableció una base libre de consumo de las más alta del mundo, que le asegura a la prestadora cobrar por 25m3 a todo usuario cuando solo 1 de cada 3 supera ese consumo. Esto hace que en la actualidad un usuario tenga una facturación mensual superior a los $300, aunque no utilice el recurso. “Sin abrir una canilla los usuarios de Aguas Cordobesas pagan más de 3500 pesos anuales sólo por tener conexión al sistema”, alerta Quinteros.

Para poner un ejemplo concreto, un joven que vive solo en un edificio de Nueva Córdoba pagó por su consumo de junio una factura de 505 pesos mensuales.

Una persona que vive sola en un departamento de Nueva Córdoba pagará pagará 500 pesos por el consumo de junio pasado.

Aumentos golean a la inflación

Todos los aumentos de las tarifas de servicios públicos deben ser autorizadas por el Ersep. En el caso del agua, desde 2010 funciona mesa para discutirlos, compuesta por 1 representante de la Provincia, 1 por la fiscalía de estado, 1 por el Ersep y 2 por la concesionaria. Desde que se fue el grupo Suez de la sociedad, en 2005, Aguas Cordobesas aumentó veinte veces la tarifa y solo recibió 4 sanciones por incumplimiento de contrato.

Si se suma el último incremento de 10,3% que empezó a regir el 1 de julio, la empresa de Roggio habrá acumulado un aumento de 1991,43% del 2006 a la fecha, mientras la inflación en igual período según las mediciones de la Provincia, fue de 761,79%, lo que le permitió casi triplicar la inflación.

“El contrato dice que cuando se supera el 8% de inflación la empresa puede pedir la revisión tarifaria, algo que se repite religiosamente cada seis meses”, señala Quinteros. Horacio Viqueira, abogado que patrocina a ciudadanos contra el tarifazo, cuestiona “los bochornosos privilegios que el Ersep le otorga a Aguas Cordobesas. Más que un ente en defensa de los usuarios, parece una mesa tarifaria de la empresa”.

Según advierten Viqueira y Bazán, el mecanismo es el siguiente: “Aguas pide un porcentaje, el Ersep lo impugna y le aprueba una centésima por debajo de lo que piden, luego va a audiencia pública y se autoriza”.

En estos últimos doce años de contrato, nunca recibió un rechazo por parte de la Provincia.