Engaña pichanga

Además de lo inverosímil que resulta creerle a un gobierno que siempre cuestionó la intervención del Estado en la economía, el anuncio de medidas para congelar precios de bienes y servicios por 6 meses esconde algunos puntos centrales para desconfiar del “alivio” que presenta y vende el gobierno nacional.

El gobierno negoció el compromiso de mantener el precio de 60 productos esenciales de la canasta básica desde el 22 de abril al 22 de noviembre, además de garantizar que esos productos vayan a estar en las góndolas. Sin embargo, un informe del Centro de Economía Política advierte que “el aumento de precios de esos productos esenciales en los últimos años ha sido una constante, y se mantuvo muy por encima de la inflación, tanto en el último año (marzo de 2019 con relación a marzo de 2018), como respecto de los precios a finales de 2015, con un promedio de aumento de 66% y 297% respectivamente”.

Algunos de esos productos, como el aceite de girasol, el arroz largo fino y el azúcar, alcanzaron incrementos de 463%, 326% y 249%. “Cabe preguntarse en este contexto por el impacto real en el poder adquisitivo que el “congelamiento” tendría sobre productos con precios que presentan incrementos tan significativos. En definitiva, se pretenden congelar precios de productos que han aumentado de manera exorbitante en los últimos años”.

Según este trabajo, la recesión del 2018 fue tan profunda que afectó incluso a las grandes empresas, que por su nivel de innovación y posicionamiento financiero tendrían suficiente respaldo patrimonial para superar cuestiones coyunturales. “Si se considera solo alimentos y bebidas, los resultados netos de muestran una caída muy relevante: -571%”. De ahí que los analistas aclaren que “la resistencia empresaria al acuerdo de precios se hace evidente y multiplica la posibilidad de incumplimientos en la implementación, más allá de la participación formal”.

Teniendo en cuenta las declaraciones de Macri, Vidal y los principales funcionarios en contra de los acuerdos de precios, desde CEPA se pregunta si el gobierno cuenta con las capacidades técnicas necesarias para implementar un “congelamiento” de precios de estas características. Y si la Secretaría de Comercio, con el apoyo de asociaciones de consumidores, podrá fiscalizar dicho acuerdo, cuando esta cartera despidió en 2016 cerca de 500 trabajadores que realizaban esa y otras tareas de fiscalización.

Demasiadas dudas para un gobierno que ha hecho de las promesas incumplidas una política de Estado.