Raúl Dellatorre

 

columnista alreves.net.ar

Error de diagnóstico

La novedad podría ser que el gobierno tomó nota de la caída de la producción. Lo preocupante es que adjudique esa caída a “la carga impositiva sobre los salarios” y no a la política económica que el propio gobierno lleva adelante. Lo alarmante es que insista en bajar el costo laboral de las empresas como solución y que lo presente como “un importante anuncio para las economías regionales”, en boca del propio presidente de la Nación. Pero lo más extraño, es que el decreto que dispone la baja de las contribuciones patronales para dichas economías regionales señale que el gobierno, con esta política, está “estableciendo las bases para el crecimiento sostenido, la competitividad y el aumento del empleo”.

Empecemos por el final: la política económica de estos 38 meses de Cambiemos está destruyendo la trama productiva del país y deshilachando el mercado de consumo interno. Y promete más ajuste para el último año de su gestión, con lo cual el crecimiento sostenido no aparece en el radar del programa económico de gobierno ni en muchos años vista. Tampoco se podría sostener que hay un impulso a sostener la competitividad cuando deja la cotización del dólar a merced del capital financiero especulativo, y el mercado local sometido a la voracidad de las importaciones, como lo reflejan las miles de empresas cerradas en estos tres años. La traducción de esta situación en pérdidas de empleo, precarización y suspensiones exime de comentarios respecto al último punto de la trilogía oficial mencionada.

Mauricio Macri anunció el jueves, y ayer se publicó en el Boletín Oficial, la rebaja de cargas patronales para un conjunto de rubros referenciados en las economías regionales. El decreto no distingue entre pequeñas y grandes empresas, por lo cual el beneficio es para todas. El propio presidente refirió en su discurso que “casi la mitad de las empresas vinculadas a las economías regionales son pymes”, de lo cual se deduce que más de la mitad de los que se beneficiarán no lo son.

El extenso listado de actividades alcanzadas pretende abarcar al conjunto de economías regionales. Precisando que deberá ser “la actividad principal” de la empresa para recibir el beneficio, la nómina incluye los siguientes cultivos: oleaginosas (excepto soja y girasol), frutas (todas), papa, batata, mandioca, tomate y todos los bulbos, brotes, raíces y hortalizas en general; legumbres; tabaco y algodón; uva, caña de azúcar, yerba mate, té y otras plantas para infusiones. Además, la producción de leche bovina y huevos; la elaboración de pescados de mar y sus derivados (aceites, grasas y harinas); dulces, mermeladas y jaleas; conservas; jugos y frutas congeladas; aceite de oliva, arroz y azúcar. También se incluyó en el listado al sector de aserradero y cepillado de madera, y la fabricación de muebles de madera.

¿Cuál fue el criterio del Ministerio de Producción para incluir a estas actividades y no a otras? El decreto 128 publicado ayer responde: “Ciertas actividades comprendidas en el sector primario agrícola y algunas incluidas en el sector industrial se encuentran atravesando una situación económica financiera crítica, que obstaculiza el debido cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la seguridad social”. De modo que los sectores antes mencionados serían los que están atravesando tal situación.

Sería arduo buscar razones para explicarse por qué a los demás sectores de la economía, probablemente con la sola excepción del sector financiero y el complejo sojero, no se los considera “atravesando una situación económica financiera crítica”. Incluido el comercio y diversas áreas de servicios. Por otra parte, tal como señaló a Página 12 un referente del sector, Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa, “en estos conglomerados que son las economías regionales, hay muchas empresas vinculadas a la exportación, que están en una situación mucho más favorable que centenares de miles de pymes que quedaron excluidas de este beneficio con gusto a poco”. Fernández señaló que el universo pyme abarca a 972 mil empresas, mientras que -agrega el autor de esta nota-los beneficiarios del recorte de aportes son unas 24 mil empresas (según estimación oficial), de las cuales la mitad, por lo menos, no serían pymes (según la palabra de Mauricio Macri).

Vale reconocer, sin embargo, que en noviembre de 2018 ya se había establecido el mismo beneficio que ahora se otorgó a las economías regionales, para los empleadores de los sectores textil, de confección, de calzado y de marroquinería. El reclamo que entonces hicieron los sectores alcanzados es el mismo que ahora es válido para las pymes de economías regionales. No son los costos laborales los que están condenando a la desaparición a estos sectores productivos, sino las condiciones generales de un modelo económico que el gobierno ratificó con su acuerdo stand by con el FMI. Tasas de interés que anulan toda posibilidad de financiamiento; costos de la energía que desplaza el punto de equilibrio de muchas actividades a un lugar inalcanzable; elevación del precio de otros insumos dolarizados; y, fundamentalmente, caída del mercado interno a manos de la pérdida del poder adquisitivo de la población y desplazamiento de la producción local por una apertura indiscriminada. “¿De qué me sirve que me reduzcan los aportes patronales si me dejaron sin mercado al cual venderle?”, se quejó en diciembre un empresario de la indumentaria ante un funcionario de alto rango del área de producción, con la ingenua intención de ser comprendido.

¿En qué consiste el beneficio otorgado esta semana? La reforma impositiva de fines de 2017 estableció una detracción de 12 mil pesos sobre la remuneración bruta, para el cálculo del monto sobre el que se pagan los aportes patronales. Es decir, dicha cifra opera como “un mínimo no imponible”. Pero, además, dispuso dos condiciones. Una, que la aplicación del descuento no sería inmediata, sino que podría deducirse el 20 por ciento en el primer año, 2018, 40 por ciento en 2019, y sumando 20 puntos más por año se llegaba a la deducción plena en 2022. Es decir, que en 2018 sólo se pudieron deducir 2400 pesos como “libres de cargas patronales” de cada sueldo. La segunda condición es que el monto se actualiza anualmente por el IPC. El valor actualizado aplicable a 2019 resultó de 17.509 pesos, del cual se podía tomar como deducción el 40 por ciento: 7004 pesos. Lo que establece el beneficio del decreto 128 de ayer, es que las actividades mencionadas podrán “anticipar” el beneficio previsto para 2022, y descontar el 100 por ciento de la detracción a partir de marzo de este año. Es decir, los 17.509 pesos.

Si el conjunto de la actividad industrial está funcionando con una capacidad ociosa del 43,5 por ciento (cifras del Indec para diciembre pasado), se estima que el universo de industriales pymes puede estar en un nivel de capacidad ociosa por lo menos cinco puntos por encima del promedio. Es decir, cercanos al 50 por ciento. El principal problema es la falta de ventas, una recesión atornillada por la pérdida de capacidad de compra de la población. Si el gobierno tomó nota de “la situación crítica por la que atraviesan” distintos sectores, es auspicioso, aunque bastante tardío. Pero si no toma en cuenta que es el resultado de su propia política, es inútil. La persistencia en argumentar la baja del costo laboral como respuesta, marca la gravedad del error de diagnóstico del gobierno, en el mejor de los casos. La otra posibilidad, es la falta de voluntad en resolverlo.

Publicado en Página 12.