Es pública, es de todxs

Por Camilo Ratti

Cuando Deodoro Roca, Enrique Barros, Arturo Orgaz y otros líderes de la Reforma Universitaria patearon el tablero de la Córdoba medieval en 1918 para transformar la universidad -y junto a ella la sociedad toda-, lo hicieron para que el conocimiento dejara de ser patrimonio de una casta que se reproducía incestuosamente en el manejo y control del Estado. No fue de un día para otro, pero cortó las cintas del actual sistema universitario de América Latina.

Cuando el peronismo consagró el 22 de noviembre de 1949 la gratuidad de la enseñanza universitaria y técnica con el decreto 29.337, no sólo multiplicó la matrícula de la educación superior, sino que sumó –no sin tensiones hacia adentro de las universidades- una herramienta estratégica para acompañar el desarrollo de la “Argentina potencia”.

La educación universitaria se sumaría a los pilares que fundieron para siempre a aquel movimiento en la memoria y el corazón de las mayorías populares: independencia económica, soberanía política y justicia social.

El ataque a las universidades y la educación pública en general que lleva a cabo el macrismo no es nuevo: lo hicieron Onganía a bastonazo limpio en 1966 –provocando el primer gran éxodo de científicos argentinos–, la dictadura genocida de 1976 –que además de secuestros, muertes y desapariciones estableció cupos y aranceles para estudiar–, el menemismo con la Ley de Educación Superior –que introdujo una lógica neoliberal a la educación superior–, y la primera Alianza en el 2001, cuando López Murphy redujo un 13 % los salarios docentes y empleados públicos e impuso un brutal ajuste al presupuesto universitario, que terminó eyectándolo del gobierno.

La discusión salarial de docentes y no docentes volvería a ser retomada esta semana en Buenos Aires.

Pública, masiva y de calidad

En Argentina hay 57 universidades nacionales públicas y gratuitas y 49 privadas. Sin embargo, el 78 % de la matrícula es cubierta por las instituciones estatales y el resto por las privadas. “Esto permite un acceso social muy amplio a la universidad”, explica a este portal Nora Lamfri, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, especializada en educación comparada.

Los datos de Lamfri tal vez expliquen la impresionante movilización que el miércoles 22 de agosto copó las calles y las redes sociales para manifestarse en defensa de la educación pública, reclamar salarios dignos para sus trabajadores y repudiar los recortes que se han aplicado en el actual presupuesto y el que quieren incluir en el próximo.

La educación pública en general y la superior en particular son parte del patrimonio nacional y una de las razones que hicieron de la Argentina una de las naciones más equitativas en términos culturales, en comparación con otros países de la región. “En Brasil el sistema también es de calidad, pero sólo el 26 por ciento de la población estudia en universidades públicas y gratuitas”, señala Lamfri.

A diferencia del argentino, el ingreso a la universidad pública en Brasil es muy estricto y no hace más que profundizar las desigualdades sociales y económicas. “Ocurre lo contrario que aquí: los estudiantes que salen de las escuelas privadas del nivel medio son los que más posibilidades de acceso tienen a la universidad pública, porque llegan en mejores condiciones que los estudiantes de sectores populares, que salen de la escuela media pública e ingresan a las universidades privadas, de menor calidad”, agrega la especialista.

Cuba y Nicaragua son otros dos países donde la educación es pública y gratuita pero, a diferencia de Argentina, existen cupos para el ingreso. Uruguay es tal vez el único país del continente que tiene un sistema como el argentino, donde el Estado es el actor decisivo de la formación universitaria y el ingreso es irrestricto.

Los datos corresponden a un trabajo de la UNGS en base a información de la OCDE y el Ministerio de Hacienda de la República Argentina del 2013.

Educación para quién

Cuando recibió el Doctor Honoris Causa por parte de la UNC, en abril del 2016, Boaventura De Sousa Santos advirtió que “el desafío de las universidades públicas es vincularse con los sectores populares, porque las élites hoy se forman en universidades extranjeras del hemisferio norte”. El caso de la argentina macrista es paradigmático: el Presidente y la inmensa mayoría de sus funcionarios se graduaron en universidades privadas y se especializaron en el extranjero.

Y si bien el sector que ingresa a la universidad pública argentina es fundamentalmente medio, su ingreso irrestricto y las políticas implementadas entre 2005 y 2015 permitieron incrementar la población de los sectores más postergados y desacreditar a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien muy suelta de cuerpo dijo que “los pobres no llegan a la universidad”.

De las 17 universidades creadas durante los gobiernos kirchneristas, 6 están ubicadas en el Conurbano bonaerense y según un informe del Plan Fénix, “en 2014 el primer quintil (el 20 % de hogares más pobres) participó en el 15,1 % de los gastos en educación superior y el quinto quintil (el 20 %de los hogares más ricos) en un 21,1 %. La participación del quintil más pobre tuvo un crecimiento de casi el 80 %. Por ende, el efecto distributivo es indiscutible: se pasa de una relación entre el 20 % más rico y el 20 % más pobre de 4,5 a 1, a otra que es de 1,4 a 1”.

A pesar de todas estas mejoras, Lamfri reconoce que “los sectores más pobres están subrepresentados, porque es baja en relación al conjunto de la población que estudia y son mucho menos los que egresan”. Situación que se agudiza con el recorte de programas, becas y tutorías aplicados por Macri, que acompañaban el trayecto universitario de los más necesitados.

Cien mil personas marcharon en Córdoba el pasado 22 de agosto en defensa de la universidad pública y en contra de los recortes de Macri.

En junio pasado, en el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) que tuvo lugar en Córdoba, se volvió a exigir que la educación superior sea considerada un derecho humano, un bien público que debe ser garantizado por los Estados. En ese marco, la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de Buenos Aires, Gabriela Diker, sostuvo que había que preguntarse a qué proyecto de desarrollo contribuye la universidad, “porque ante el gobierno de los Ceos la tensión es contra el capitalismo que no tiene patria”.

Casi anticipándose al conflicto que desde hace tres semanas tiene paralizadas a las universidades públicas –que como en 1995 protagonizarán una gran marcha federal el jueves 30–, Diker convocó a lo que miles y miles de argentinos y argentinas exigieron en las calles estos días: el carácter público del conocimiento, un lenguaje que el gobierno de Mauricio sigue sin aprender.