“Es un nuevo ataque a los inmigrantes en general”
Lo afirmó a este portal Eduardo Domenech, investigador del Conicet en el CIECS-UNC, que se ha especializado en temas de migrantes. Advirtió que se enmarca en un proceso de criminalización de los colectivos de migrantes de América Latina y el Africa Subsahariana que el gobierno de Macri viene llevando adelante desde hace dos años. Y se posición en contra de cobrar aranceles por servicios de salud y educación a quienes no tengan residencia permanente en el país o no existan convenios de reciprocidad. "Los derechos deben ser iguales para todos".
jueves, 1-marzo-2018
Para Eduardo Domenech, investigador del Conicet en el Centro Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la UNC es “absurdo restringir la prestación de servicios básicos –salud y educación universitaria- a los migrantes que no entren en la categoría de permanentes”, como propone el proyecto de ley presentado por el diputado radical Luis Petri, reformando artículos de la Ley Nacional 25.871, sancionada en el 2004.
Desde su mirada y larga experiencia en el tema, el proyecto “busca restringir derechos a los residentes transitorios, temporales y precarios, que son las personas que están haciendo el trámite de la residencia. Es delicado porque esto está muy vinculado a procesos de criminalización de los migrantes regulares”, advirtió Domenech.
En este sentido, contó que “desde el año 2016 existe una iniciativa de un centro de detención para migrantes que no son residentes. Y lo que Macri hizo a comienzos de este año fue sacar un Decreto de Necesidad y Urgencia para reforzar los controles y hacer expeditivos los procesos de expulsión de migrantes supuestamente vinculados a delitos”.
Bajo estas coordenadas, el proyecto de ley es “un nuevo ataque a inmigrantes en general, porque es difícil distinguir entre residentes temporales y permanentes. Es un criterio administrativo, y acogerlos a convenios de reciprocidad es absurdo, solo se busca cercenar derechos a extranjeros, y todos deben tener los mismos derechos, mas allá de su situación administrativa”.
Racismo encubierto
Con mucha trayectoria académica y contacto con colectivos de migrantes, Domenech señala que “establecer criterios de reciprocidad significaría firmar convenios con una cantidad de países en el mundo que tienen algún nacional radicado en la Argentina, un absurdo”. Y aunque el proyecto no lo diga, para el investigador, “lo que buscan con este tipo de medidas es discriminar a la población boliviana, latinoamericana o del Africa Subsahariana”. El texto no lo dice, pero cae de maduro después de las declaraciones del gobernador jujeño, Gerardo Morales, y de las sistemáticas manifestacones públicas de Macri y sus funcionarios sobre el tema.
En línea con lo que explicó al programa Nada del Otro Mundo Nicolás Kreplac, médico, sanitarista, docente y titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, Domenech dijo que “no existe un abuso por parte de extranjeros de los servicios de salud y educación, son cifras insignificantes, es más la construcción de un argumento racista”.
De todas maneras, para él la discusión no es cuantitativa: “Aunque tuviera incidencia, no debería ser razón suficiente para negarles este beneficio, porque de lo que estamos hablando es de una relación de igualdad entre nacionales y extranjeros. Por eso me parece lamentable que el gobierno nacional argumente como lo está haciendo, evidentemente hay ciertos consensos sociales para aplicar estas medidas”.
Por último, sostuvo que habría que preguntarse porqué no se pone en discusión el discurso empresario: “Siempre se habla de la criminalidad de peruanos y a veces también de bolivianos o paraguayos, pero mucho menos de la mano de obra esclava o barata que viven estos inmigrantes en talleres clandestinos”.