Ese acuerdo es un abuso

El fiscal federal Jorge Di Lello imputó a Macri, Peña, Dujovne y Caputo por haber acordado préstamos con el FMI sin previo acuerdo del Congreso. Busca investigar la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El juez federal Julián Ercolini debe decidir si acepta avanzar en la causa y si suspende el acuerdo.

 miércoles, 5-septiembre-2018


La justicia interviene a partir de una denuncia de Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se hizo pese a que no estaba contemplado en la ley de presupuesto ni tampoco habilitados por una ley que lo autorice a partir de haberle dado intervención previa al Congreso.

Por eso quedaron imputados el Presidente, su ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central y el Jefe de Ministros y “todo aquel que resulte de la investigación”. Precisamente, Dujovne se encuentra en Washington renegociando lo que se firmó el 7 de junio pasado, cuando el FMI accedió a otorgarle a la Argentina el crédito de 50 mil millones de dólares por el término de tres años.

Di Lello pidió –entre otras cosas- que el juez dicte una medida cautelar en la que se suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI a partir de lo denunciado. La medida cautelar fue solicitada por los denunciantes para que se ordene al Poder Ejecutivo abstenerse de futuros retiros o solicitud de fondos en el marco del acuerdo cuestionado, así como de la utilización de dinero que ya fue transferido por el FMI a las cuentas del Estado nacional (15 mil millones de dólares).

El fiscal dijo confiar “en el elevado criterio” de Ercolini, quien es el “director de la instrucción”. Ahora el juez debe decidir si corresponde el dictado de una medida cautelar y “así evitar perjuicios económicos y sociales que los denunciantes afirman acarreará la ejecución del acuerdo”, señala Di Lello.

La fiscalía también solicitó al Ministerio de Economía la totalidad de las resoluciones por las cuales el gobierno Nacional ha contraído deuda para el Tesoro Nacional y el Banco Central. Además, requirió la citación como testigo del jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, para que informe el grado actual de ejecución del acuerdo.