Así lo expresó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) respecto a la situación de lxs afiliadxs que integran la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia.

Trabajan en condiciones de insalubridad extremas y con mucha precarización laboral. La mayoría son monotributistas y cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza. 

“Impugnaron mi cargo como delegada porque no me reconocen como trabajadora por ser monotributista”.

Irene Silberman, Trabajadora del Complejo Esperanza.

Irene es Licenciada en Pedagogía Social y la delegada normalizadora de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por el Complejo Esperanza.

Hostigamiento 

.En el Complejo están prohibidas las asambleas y no se permite que el gremio de ATE haga ningún tipo de actividad.

En este contexto se le negó el ingreso en diferentes oportunidades al Secretario General de ATE intentando impugnar las elecciones, negando el derecho de lxs trabajadorxs a elegir sus representantes gremiales.

Los funcionarios del SENAF no reciben al gremio y hostigan a quien reclame. “A los tres días de comenzar a reclamar mis coordinadoras me amenazaron con quitarme el trabajo” dice Irene.

La tarea de las trabajadoras dentro del Instituto es garantizar que no se vulneren los derechos de lxs jóvenes. Muchas de ellas durante años de labor nunca tuvieron seguro de trabajo a pesar de trabajar con chicxs detenidxs.

Arcas fantasmas

La precarización sobre el sector que se encarga de la reinserción tiene que ver con políticas de vaciamiento para un organismo que trata problemáticas de los sectores populares de Córdoba.

Así, el gobierno provincial terceriza a profesionales que desempeñan tareas altamente calificadas y en muchos casos de riesgo.

“Le facturamos a ONG que no conocemos, no sabemos si existen realmente o no”, dice Irene y asegura que una de estas organizaciones pertenece a familiares del tesorero que dirige las residencias de SENAF.