“Estamos pagando haber construido cárceles en lugar de escuelas”

La situación en las cárceles del país es una bomba de tiempo desde hace muchos años y, durante estas semanas, se notó mucho más a partir de los distintos motines que hubo en los penales de Devoto, Florencio Varela, Santa Fe y Corrientes en donde reclamaron por mejores condiciones sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus, además de exigir arrestos domiciliarios. Según información del Servicio Penitenciario Federal, en el primer mes de aislamiento ingresaron sólo unas 20 personas y salieron unas mil personas, de las cuales 200 cumplen la prisión en sus hogares por ser grupo de riesgo ante el coronavirus.

En diálogo con nuestro programa Nada del Otro Mundo, el fiscal Federico Delgado aseguró que durante estos días “asistimos a una gran simplificación” del tema. En ese sentido, cuestionó que la opinión pública “de golpe” visibilice un problema estructural que existe desde hace años y que tiene que ver con “un sistema carcelario que funciona casi como un depósito de gente”. Además, remarcó que las unidades penitenciarias del país incumplen la Constitución Nacional que en su artículo 18 dice que las cárceles “tienen que ser sanas y limpias” y que no deben servir “para castigo de los reos”. “Estamos muy lejos de eso”, afirmó.

Con relación a las críticas que se suscitaron por la liberación de presos en el marco de la pandemia, recordó que son los jueces los que deben velar por la salud de los presos. “Hay que evitar el riesgo de muertes masivas”, sostuvo el abogado. De esta manera, indicó que la posibilidad de que ingrese el Covid-19 a las cárceles despertó un montón de alarmas en el Poder Judicial, en la dirigencia política, en los familiares de los detenidos y en los mismos presos. “Estamos reaccionando a los ponchazos y se mezclan intereses y prejuicios que terminan empobreciendo el debate”, señaló el especialista en temas penales. “Hay que parar la pelota, ser muy creativos y reconocer que es un problema que funciona casi como una bomba de tiempo”, reflexionó.

El Licenciado en Ciencias Políticas calificó como una “tragedia en nuestra cultura jurídica” el exceso de prisiones preventivas que superpoblaron las prisiones y remarcó que no se debe perder de vista que el horizonte normativo está vinculado con la resocialización de los presos. Frente a la pandemia, propuso crear una suerte de clasificador en donde se detalle “qué tipo de persona está detenida, qué delito cometió y cuál es su situación procesal” para saber qué disposiciones tomar. “Sé que las pulseras electrónicas se agotaron, pero no es la única manera en que se puede cumplir el encierro preventivo en otro lugar. Cualquier celular tiene geolocalización, por ahí se puede combinar eso con el compromiso de algún familiar sujeto a responsabilidad”, consideró.

Al finalizar la entrevista, el especialista en el sistema penal, reflexionó acerca del régimen punitivo y la función de las cárceles en el país. “La Argentina hace tiempo que eligió, en lugar de fundar escuelas, hacer cárceles. Esas cosas se pagan”, advirtió. Recordó que “tener casi la mitad de los compatriotas bajo la línea de pobreza con tremendos bolsones de miseria” condujo a que las cárceles hayan funcionado “como regulador de las fábricas de pobreza”. “Nos van a conmover las consecuencias derivadas de un eventual ingreso de la pandemia en una prisión, porque los presos no dejan de ser personas, sujetos de derechos y están protegidos por la Constitución”, concluyó.