“Estos casos dejan en evidencia la ausencia total del Estado”

Soledad Deza, coordinadora legal de Católicas por el Derecho a Decidir, analiza los últimos tres casos de niñas obligadas a ser madres, que reavivaron el debate sobre la legalización del aborto, la necesidad de la educación sexual en las escuelas y los derechos de las mujeres y personas gestantes a vivir una sexualidad libre de ataduras religiosas.

 viernes, 15-marzo-2019

La discusión entre los grupos antiderechos y los que buscan que se cumpla la ley se puso de manifiesto en los casos de las niñas-madres.


“El denominador común en cada niña que es obligada a ser madre, y sobre todo en estos últimos tres casos de Jujuy, Tucumán y Chaco, confirman un Estado ausente”, afirma a este portal Soledad Deza, coordinadora de la guardia de abogadas feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, que intervino en el caso de la niña tucumana, cuya bebé murió después de nacer.

“Muestra un Estado ausente porque los tres casos fueron detectados con edad gestacional avanzada, lo que quiere decir que estas niñas fueron invisibilizadas por el sistema educativo, por el sistema de salud y por quienes promueven la maternidad como único destino para las mujeres”.

Deza apuntó contra la complicidad entre los gobiernos y las jerarquías religiosas: “Los cuerpos de esas niñas-madres, cuya mayoría proviene de los sectores más vulnerables, expresan la falta de laicidad de nuestros gobiernos. Pone en el tapete la pastoral de la iglesia católica y de la iglesias evangélicas en el territorio, que con sus fundamentalismos religiosos se oponen a la educación sexual integral y a la anticoncepción”.

También son víctimas de la objeción de conciencia de los efectores de salud, que según la abogada se da “no sólo frente al pedido legal de la interrupción del embarazo en casos de abuso o violación, la objeción se manifiesta antes, en la intervención sanitaria previa, en las consultas, porque se piensa que no hay vida sexual en las niñas y adolescentes. Por eso no se brinda información, ni métodos anticonceptivos. El abandono del Estado se manifiesta de múltiples maneras”.

Garantizar derechos

A pesar de no haber podido aprobarse la ley de la Interrupción Legal del Embarazo, el debate en la sociedad está instalado, e interpela masivamente a las nuevas generaciones. “Las organizaciones feministas tratamos de acompañar estos casos y exigir la prestación médica que supone la interrupción legal del embarazo”, explica Deza.

Frente al incremento de embarazos en niñas y adolescentes, las organizaciones buscan difundir derechos “en una ciudadanía debilitada, que muestra un analfabetismo jurídico en todo lo que tiene que ver con la salud sexual reproductiva y no reproductiva”.

En una pelea de largo aliento, el feminismo apunta a derribar el pacto patriarcal que existe entre gobiernos y jerarquías eclesiásticas. “No puede ser que se convenga en una mesa los derechos sexuales de las mujeres y personas gestantes, con el único fin de imponer una moral sexual restrictiva, que tiene como última instancia la maternidad como destino y el resguardo de lo hetero normal como regla social”, cuestiona la abogada.