Farmacity, con amigos en la Corte

La presión de Farmacity por ingresar en provincia de Buenos Aires aumentó el sábado con una solicitada publicada en medios gráficos, donde la propia empresa admite que la ley provincial 10.606 se lo impide. La preocupación de los farmacéuticos ante este intento de avasallar la ley tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia anunció que revisará los reclamos de la empresa. El problema es que dos de los ministros -los dos que metió Macri por decreto- tienen vínculos directos con Farmacity.

Farmacity es una empresa profundamente insertada en el corazón del macrismo: el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, fue su presidente y, aunque formalmente se desvinculó, la empresa sigue perteneciendo al grupo Pegasus, del cual Quintana es accionista. Además, Farmacity es representada por el estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados. Rosenkrantz es uno de los dos jueces de la Corte que metió Macri por decreto y su apellido figura como firmante en la demanda. El otro es Carlos Rosatti, que tuvo como asesora, cuando fue ministro de Justicia, a Andrea Gualde, hoy directora de asuntos jurídicos de Farmacity.

La Ley 10.606 de la provincia bonaerense impide que las farmacias sean propiedad de una sociedad anónima y obliga a mantener una distancia de 300 metros entre una y otra. Estos son los dos puntos que le impiden a Farmacity asentarse en la provincia. “En Argentina, los precios los fijan la industria con la Secretaría de Comercio. Pero cuando se instalan este tipo de cadenas, controlan el mercado y presionan para fijar precios, siempre más elevados“, advirtió María Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires. “Son grupos monopólicos que apuntan a toda la cadena porque después se meten en la distribución y hasta fabrican medicamentos. Ponen las reglas del juego y nunca a favor de la gente”, le dijo al diario Tiempo Argentino.

Según la empresa, los argumentos para torcer la ley y reclamar la modificación a su conveniencia, tienen que ver con la gran cantidad de shoppings de medicamentos que posee en todo el país y su presencia en catorce provincias. O sea, el argumento para aumentar su fuerza y poder es, justamente, la fuerza y el poder que ya tienen. La maniobra de Farmacity tiene la delicadeza de un elefante en un bazar, pero el levantamiento de ciertas barreras éticas de funcionarios de este gobierno -como Mario Quintana- hacen entendible la preocupación de los farmacéuticos bonaerenses.