Generoso con lo ajeno
Un día antes de abandonar su cargo, el ex presidente Mauricio Macri entregó 18 valiosas hectáreas propiedad del Ejército a la Municipalidad de Corrientes para la concreción del “Plan Urbano Costero”: un gran negocio inmobiliario. El gobierno nacional de Alberto Fernández decidió dar marcha atrás con esta medida y destinarán esas tierras a la construcción de viviendas del Plan Procrear. Según investigan, Cambiemos otorgó muchísimas propiedades del Estado a municipalidades del país, que luego fueron vendidas a privados y cuya recaudación alcanzaría los 600 millones de dólares.
lunes, 9-marzo-2020
Mauricio Macri regaló un predio ubicado en la costanera de Corrientes a la gestión del intendente radical Eduardo Tassano para el desarrollo del "Plan Urbano Costero". El actual gobierno nacional revisó la medida y decidió revocar la decisión en pos de la preservación del patrimonio del Estado.
A pocos meses de que Cambiemos haya dejado el poder (político), semana tras semana se va conociendo cómo “el mejor equipo de los 50 años” realizó un uso irregular de los bienes del Estado para llevar adelante negocios que tenían un claro beneficiario: el sector privado. Tal es el caso de los 96.707 m2 de superficie que comprenden parte de la costanera de Corrientes y que iban a ser destinados a una importante obra inmobiliaria que incluía edificios de hasta 100 metros de altura, un shopping y locales comerciales. El predio estaba bajo la órbita del Ejército y fue cedido, por decreto y sin ningún costo, a la Municipalidad de Corrientes – más precisamente al intendente radical Eduardo Tassano – tan sólo cuatro días antes de que Mauricio Macri abandonara su cargo de presidente de la Nación.
Hoy salió publicado en el Boletín Oficial la revocatoria del decreto de Macri y la reasignación nuevamente de esas tierras al Ministerio de Defensa de la Nación. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) – que antes había suscrito el “permiso de uso precario y gratuito” del inmueble – fue también ahora quien impulsó la medida a partir de un pedido realizado por el Estado Mayor General del Ejército el pasado 11 de febrero. Según publica Página 12, el gobierno nacional le daría un uso diametralmente opuesto al lugar: la construcción de viviendas para el Plan Procrear, pero manteniendo el acceso público a la costa del Paraná.
En la Resolución 13/2020 de la fecha, la AABE fundamenta la revocatoria del predio ubicado en Avenida 3 de Abril y Costanera en la necesidad de hacer prevalecer “el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y de la administración de los bienes del Estado Nacional” con miras a la “satisfacción del bien común”. El decreto también aclara que la “simple comunicación” de esta decisión a la Municipalidad de Corrientes es suficiente para que se considere “extinguido de pleno derecho” y deba “restituir el inmueble dentro de los diez días de notificada”.
La revisión de este tipo de maniobras se suma otras 31 entregas realizadas por Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires en zonas de gran valor económico como Av. Libertador, Av. Juan B. Justo, Palermo y Caballito. Pero la AABE también está investigando – por orden del presidente Alberto Fernández – la cesión de muchas otras propiedades nacionales que fueron “regaladas” a gobiernos locales y luego vendidas a privados, cuya recaudación se estima en 600 millones de dólares. Cabe destacar que la suspensión de la cesión de la costanera de Corrientes es el primera que se concreta a nivel nacional.
Un territorio con historia, un ex presidente sin memoria
Dentro de las 18 hectáreas de la costanera de Corrientes está ubicado el Regimiento de Infantería 9 que, no sólo goza de mucho valor económico – se calcula que está tasado en más de 30 millones de dólares- sino que también posee gran valor histórico. Allí funcionó un centro clandestino de detención durante la última Dictadura Cívico Militar, algo que los organismos de DDHH habían advertido el año pasado cuando Macri puso a la venta el sitio.
De acuerdo a lo denunciado, hubo más de cien víctimas que reconocieron dos edificaciones del Regimiento de Infantería 9 como lugares en los que permanecieron secuestrados y fueron torturados. Sin embargo, el ex presidente hizo caso omiso de esta información al asegurar que esas tierras “no se encuentran comprendidas en proyectos u obras a desarrollarse en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado” y que “tampoco resultan adecuadas para cubrir alguna necesidad actual de la Administración Pública Nacional”.