Genocidas, miserables y oportunistas

Carlos “Tucán” Yanicelli impuso el terror a miles de detenidos-desaparecidos del ex Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (ex D2) durante la última Dictadura Cívico Militar. Formó parte del período más cruento y oscuro de la historia de nuestro país, liderando la famosa “Patota de la D2” que se encargó de privar ilegítimamente de la libertad, torturar y desaparecer a miles de personas. Al regreso de la democracia, fue “premiado” por los gobiernos provinciales de los radicales Eduardo Angeloz y Ramón Mestre (padre): fue jefe de la Guardia de Infantería hasta 1990 y desde 1996 hasta 1997 fue jefe de Inteligencia Criminal. El ex policía Luis Urquiza – que sufrió la represión por parte de Yanicelli por no obedecer sus órdenes– lo denunció cuando se enteró de que estaba ocupando un cargo en el gobierno. Recibió amenazas de muerte y se vio obligado a exiliarse en Dinamarca para preservar su vida. Finalmente, el “Tucán” fue condenado a prisión perpetua por la causa UP1 y por la Megacausa La Perla, entre otras.

Inmediatamente, los organismos de DDHH repudiaron la decisión judicial y realizaron una presentación ante la Justicia Federal. Emitieron un comunicado en donde exigen un “no” rotundo a las prisiones domiciliarias y califican como de “miserable oportunismo” el pedido de la defensa del genocida. “Esto no sucedió en ningún lugar del mundo, y en nuestro país no están desalojando ningún geriátrico, ya que con tomar medidas preventivas alcanza”, explicaron. “Mientras todas y todos estamos preocupados en cuidarnos y cuidar a quienes tenemos al lado, estos asesinos, ladrones, violadores y torturadores se ocupan de presionar al Poder Judicial”, denunciaron en un documento firmado por HIJOS, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, asociaciones de ex presos políticos, la Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba y los diferentes espacios para la memoria de la ciudad.

Por su parte, el abogado de DDHH y representante de más de 90 víctimas del terrorismo de Estado, Claudio Orosz, también consideró que hay un “aprovechamiento” de parte de los condenados por delitos de lesa humanidad ante la emergencia sanitaria decretada a causa del coronavirus. Manifestó al diario La Voz del Interior que los genocidas pueden ser atendidos en la cárcel común sin que eso represente un riesgo para sus vidas. Cabe recordar que no es la primera vez que el ex policía que lideró la sangrienta represión desde la D2 busca cumplir su condena en su casa de barrio Marqués de Sobremonte. En el año 2017, bajo la gestión del desmemoriado Mauricio Macri – que no tenía idea si “habían sido 9 mil o 30 mil” los desaparecidos – fue el primero en solicitar el beneficio del 2×1. Pero finalmente parece que está por alcanzarlo “utilizando” el coronavirus como excusa.

Yo pido domiciliaria, ellos piden domiciliaria

Como si fuera un efecto dominó, esto provocó que otros genocidas, represores y responsables de la desaparición, tortura y muerte de miles de personas en Córdoba realizaran el mismo pedido. En la lista de espera figuran nombres que fueron íconos del terror como la ex integrante de la D2 Mirta “Cuca” Antón, Arnoldo “Chubi” López, Juan Vega, Miguel Ángel “Gato” Gómez, Héctor Vergez y el cerebro de la represión Ernesto “Nabo” Barreiro.

“Es gravísimo que hayan otorgado la prisión domiciliaria aunque sea en una sola causa porque esto podría derivar en otras”, señaló Emilio Pihen de HIJOS a Al Revés. “Nuestros abogades no dan a basto. Nos vamos enterando de los pedidos a medida que pasan los días, es como que estamos atrás de la pelota”. Sostuvo que, para los organismos, “ningún genocida encuadra en ninguna de las causales de domiciliaria”. “Estas presentaciones las hacen siempre”, dijo el miembro de HIJOS en referencia a la solicitud en medio de la pandemia. “Lo que sí llama la atención es que se la otorguen”, analizó en relación a la decisión que tomó el juzgado a menos de una semana que se conmemore el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.