Grabado nunca más
Tras la rescisión del contrato con la empresa Grababus, los legisladores de la oposición presentaron un pedido para derogar la ley 10.110, con el objetivo de que no haya una nueva licitación del mismo servicio a otra empresa. Analizan hacer una presentación para que a aquellos que hayan pagado se les devuelva con descuentos del impuesto automotor.
martes, 30-octubre-2018

Los legisladores opositores pretenden que todos aquellos que hicieron el grabado reciban un resarcimiento.
La suspensión del servicio de grabado de autopartes y la rescisión del contrato de concesión con la empresa Grababus, disparó un sinnúmero de interrogantes por resolver. Como primera medida, legisladores opositores de distintos bloques presentaron un pedido de derogación de la ley.
“Es para que no se vuelva a llamar a licitación por un servicio similar. Además, presentamos un pedido de informes para ver si hay datos respecto a cómo redundó el grabado en la compra y venta de autopartes robadas, cuánto recaudó la empresa, cuánto pagaron del 8 % que le correspondía a la Provincia y a qué se destinaron esos fondos”, dijo el legislador radical, Javier Bee Sellares.
La idea de los legisladores es que aquellos que hayan pagado el servicio y realizado el grabado puedan recuperar lo abonado o tengan algún tipo de resarcimiento (en virtud de que el servicio no tiene ninguna contraprestación ni beneficio demostrado), aunque pretenden canalizarlo vía Poder Legislativo y no mediante la Justicia. “Cualquier presentación en ese sentido tiene que ser en la Legislatura, que es la que aprobó la ley y los pliegos de licitación”, dijo Bee Sellares.
Una posibilidad que analizan los legisladores es que se realice la devolución del monto abonado mediante un descuento en los próximos cobros del impuesto automotor. Por ahora, la Provincia sólo informó que les devolverá lo pagado a aquellos que hayan tenido turno desde el 29 de octubre en adelante.
Por su parte, la empresa niega la deuda impositiva que motivó la rescisión contractual. “Yo no evadí nada”, le dijo Jorge Sorensen, titular de Grababus, a Cadena 3. Además, sostuvo que “el que cobraba era el gobierno de Córdoba, que después me pagaba a mí”. La Provincia le reclama a la empresa 40 millones de pesos.
Pero el problema no se agota ahí, ya que hay una punta más: los más de 130 empleados que trabajaban en esta actividad. Hasta ahora, según denuncian, nadie se ha comunicado con ellos para clarificar su situación y entre ellos reina la incertidumbre respecto a sus fuentes laborales.