Guardate la tijera
La Justicia Federal ordenó al gobierno que restablezca “en forma inmediata” las pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja y que afectaron este año a 83.000 personas. Además, dispuso que el Ministerio de Desarrollo Social “se abstenga de interrumpir los pagos de dichos beneficios”.
jueves, 7-septiembre-2017
La justicia federal le ordenó al ministerio de Stanley restablecer "inmediatamente" las pensiones que fueron recortadas.
La medida cautelar que dictó la jueza federal de seguridad social Adriana Cammarata es de carácter colectivo, tiene alcance nacional a excepción de la ciudad de Viedma, donde se dictó una medida similar, y tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia definitiva.
La abogada de la asociación Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) que presentó el amparo, Varina Suleiman, dijo que “tienen que restituir todas las pensiones. Y si son consecuentes con la idea que tienen de lanzar un Plan de Discapacidad, no deberían apelar la medida”.
La resolución de Cammarata, del juzgado federal de la seguridad social Nº 8, ponderó el “carácter alimentario” de las pensiones “cuyas suspensiones o bajas habrían sido decididas sin previo acto administrativo ni observancia del debido proceso adjetivo”, lo que tendría un impacto en la “pérdida de prestaciones médicas, farmacológicas y análogas” según el Programa Federal de Salud.
Suleiman explicó además que el fallo permite que cualquier persona a la que no le hayan restituido su pensión, en cualquier parte del país, se puede presentar bajo este amparo y reclamar su reintegro. “Sólo quedó excluido Viedma porque tiene un juicio iniciado”.
A través de distintos programas el gobierno de Cristina Fernández había elevado de 350 mil pensiones no contributivas que había en 2003 a 1,6 millones a fines de 2015, pero desde la asunción de Cambiemos, y amparándose en un decreto del menemismo de 1997, la cartera de Desarrollo Social suspendió y eliminó más de 175 mil pensiones no contributivas, de las cuales el 72 por ciento corresponden a coberturas por invalidez.
Tras la manifestación de personas discapacitadas en el Obelisco el 15 de junio, el gobierno dio marcha atrás y restituyó algunas pensiones, pero la mayoría de los afectados no le fueron devueltos sus beneficios, que ahora podrán reclamarlos a partir de este fallo judicial.