Haciendo lo que hay que hacer

La Oficina Anticorrupción cajoneó una denuncia por desvío de fondos que involucra al Renatre y a Jorge Triaca. La entidad que conduce Laura Alonso dijo que “el caso bajo análisis no se circunscribe dentro del ámbito de actuación de la OA”.

 martes, 26-febrero-2019

Laura Alonso, la fanática de Macri que debería investigar a su ídolo y su gabinete.


Una vez más, la Oficina Anticorrupción demostró no hacer honor a su nombre y parecerse más a una escribanía de Macri y los suyos. Los síndicos estatales en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) le notificaron a Jorge Triaca que en ese organismo había desvíos de grandes montos a empresas fantasmas. Sin embargo, el –en aquel momento- Ministro de Trabajo desoyó la denuncia, que fue elevada a la Oficina Anticorrupción.

El Renatre es una entidad que maneja los fondos de la seguridad social de los trabajadores rurales y depende de la Uatre, el gremio del sector, que manejaba el dirigente sindical más cercano a Mauricio Macri: el “Momo” Venegas.

Los síndicos del Estado en Renatre, Diego Cimoli y Sara Gatti, comunicaron que había desvíos a empresas fantasmas. Por ejemplo: Abel Guerrieri, un representante de la Sociedad Rural que luego de la muerte de Venegas terminó como presidente de la Uatre –patrón devenido en representante de los trabajadores-, firmó contratos con Biesles S.A., una empresa fantasma, por más de 9 millones de pesos. Ese y otros contratos con esa empresa siguen vigentes.

“El Renatre contrató primeramente en forma ilegítima a una empresa para que audite sus sistemas y rápidamente la volvió a contratar para que le confeccione una gestión integral en la Secretaría de Informática y además confeccione una solución tecnológica en materia de fiscalización”, se lee en la denuncia según transcribe el diario Página/12. Guerrieri y la Gerente Administrativa y Legal, Erica Vanesa Utrera, “administran los recursos del organismo como si fuese dinero propio y sin rendir ningún tipo de cuenta”. El delito del que acusan a Guerrieri es el de administración fraudulenta.

Jorge Triaca, alertado por Cimoli y Gatti, no hizo absolutamente nada. Luego, ya elevada la denuncia a Laura Alonso, la respuesta de la Oficina Anticorrupción fue: “El Renatre, si bien tiene carácter público, reviste el carácter de no estatal, ya que el capital de la entidad pertenece a personas privadas […] El caso bajo análisis no se circunscribe dentro del ámbito de actuación de esta OA”. Para Laura Alonso, “la situación descripta como un hecho de corrupción dentro de la Administración Pública Nacional”.

Mientras desviaba fondos a Biesles S.A., el Renatre suspendió el pago de prestaciones extraordinarias –enfocado hacia los trabajadores sin aportes- que beneficiaba a 85.000 empleados rurales.