Hasta la ONU le pidió a Macri por la ley de Alquileres

Días antes de que la ley de Alquileres perdiera estado parlamentario, la relatora especial de Vivienda de las Naciones Unidas, Leilani Farha, le envió una carta al presidente Mauricio Macri donde le pidió por la aprobación de esa norma que pone equilibrio y presencia del Estado entre los propietarios y los inquilinos. “Creo firmemente que este proyecto de ley contribuirá significativamente a que el derecho a la vivienda se convierta en una realidad para aquellos que alquilan”, opinó la especialista, de nacionalidad canadiense, un escrito dirigido también al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al secretario de Vivienda, Iván Kerr.

No llama la atención que el Gobierno de Cambiemos haya hecho oídos sordos al pedido de ONU: ya lo hizo con otros reclamos que van desde el hambre, la pobreza, la muerte de Santiago Maldonado, las jubilaciones, el protocolo Bullrich del “gatillo fácil”, entre otros.

Farha le reclamó al Ejecutivo nacional que incluya la ley en el temario de las sesiones ordinarias, cosa que no sucedió. El proyecto tenía media sanción del Senado y dictamen de mayoría en Diputados y el propio Macri le había dado impulso públicamente, en un obvio intento de hacer un guiño a la golpeada clase media no propietaria. Se calcula que hay ocho millones de personas en situación de alquiler en el país y la promesa de Macri se produjo cuando las encuestas la ubicaban con una imagen negativa del 60% y la inflación de octubre estaba en el 6,5%.

La ley tenía apoyo pero pasaron cosas: el furioso lobby de las inmobiliarias, constructoras y desarrollistas que amenzaron con dejar de construir inmuebles para el mercado de alquileres si el Estado cambiaba las reglas de juego. El lobby, con todo, no hubiera tenido efecto si no se hubiera cruzado con dirigentes identificados con los propietarios por sus propias condiciones patrimoniales.

La iniciatia buscaba modificar cuestiones tales como: llevar los contratos de viviendas para uso familiar de dos a tres años; imponer el pago de los impuestos a los propietarios, asi como las llamadas expensas extraordinarias, imponer el pago de las comisiones inmobiliarias al propietario, que es quien contrata sus servicios; ampliar el tipo de garantía y aval de alquiler, entre otros puntos.

“Urjo al Gobierno Argentino y a los parlamentarios de todos los sectores políticos a que aprueben esta ley en un plazo perentorio”, reclamó la funcionaria de Naciones Unidas en la misiva enviada el 28 de noviembre pasado, donde recalcó “los diversos pactos internacionales a los cuales adhirió la Argentina”. El proyecto perdió estado parlamentario el 30.

Farha vio con buenos ojos un proyecto que “restringe algunas exigencias abusivas” en los contratos, según escribió en la carta, y “regula el precio de los alquileres”. Además, destacó que “otorga a los inquilinos una mayor seguridad en la tenencia” y “amplía las garantías” que el locatario puede ofrecer.