Hipócrita y aborrecible

La figura de tirar una piedra y después esconder la mano siempre me pareció uno de los más notables actos de cobardía. Quizás por su condición de hipócrita, tal vez por la malicia de intentar desencadenar algo y luego fingir, en pos de que no se identifique al provocador real. Cuentan que el origen de esta frase surgió en un  barrio marginal de la Habana llamado Jesús María. Desde entonces no paró de usarse, seguramente por dos razones de peso: que la definición es muy buena, y que siguen existiendo los que tiran la piedra y esconden la mano. Esto es lo que hizo el gobierno nacional. Sin muchas vueltas, generó un clima propicio para que se produjese el aborrecible fallo firmado por tres miembros de la Corte que suaviza la pena de un torturador y asesino de la dictadura, y ahora mira para otro lado. Ahora que advierte la dimensión de los repudios y los resultados de los focus groups, dice ¡qué mal, esto es un símbolo de impunidad!

El gran poeta alemán Bertolt Brecht decía que cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad. Y la verdad es que estamos ante los primeros resultados palpables, las primeras consecuencias tangibles del escenario que decidió construir el gobierno respecto de su visión sobre lo que pasó en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Comenzando por el propio presidente, que incluso desde antes de llegar a la Casa Rosada se dedicó a la siembra de vientos, asegurando que acabaría con “el curro de los derechos humanos”, y ya como jefe de Estado, confesó, entre otras cosas, su falta de interés por la cifra de desaparecidos: “No tengo idea si fueron 30 mil desaparecidos, es un debate en el que no voy a entrar, si son lo que están anotados en un muro o son muchos más; me parece una discusión que no tiene sentido”.

Si uno repasa hechos y declaraciones de este último año y medio, encuentra muchos eslabones que fueron conformando esta pesada cadena de la que parece estar sujeta la bochornosa decisión de la Corte. Provocaciones, vilipendios, recortes presupuestarios. Desde decisiones simbólicas, como rendir homenaje a las víctimas de la dictadura un 24 de marzo con junto a Obama, hasta intentar convertir en trasladable el feriado del 24, pasando por determinaciones políticas como recortar más de un 50 por ciento del presupuesto del programa de “fortalecimiento de procesos judiciales contra delitos de lesa humanidad”, que pasó de 23 a 12 millones de pesos. O tener funcionarios como Darío Lopérfido, a quien ahora no quieren ni en Alemania por sus declaraciones negacionistas. O Gómez Centurión, amigo personal del presidente, que provoca en televisión diciendo: “No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras”. ¿Usted tendría un amigo así, al que pone como funcionario, si no pensase parecido? O un secretario de derechos humanos que dice que está de acuerdo con el fallo del 2×1 “si está ajustado a la ley” y que pide que se cumpla y respete, que es exactamente lo que opinó Cecilia Pando. El mismo Claudio Avruj, quien por “cuestiones de agenda” no estuvo ni siquiera presente en la sentencia del juicio por los crímenes cometidos en La Perla.

A esto habría que sumar algunos hechos constatables que ligan la fortuna del Grupo Macri a los años de la dictadura: las empresas de su familia hicieron grandes negocios durante el período del terrorismo de Estado; proveyendo  todo tipo de servicios, pasaron de tener 7 empresas en 1973 a tener 46 en 1983, además de haber logrado enormes condonaciones de deuda por parte de los militares.

El clima favorable para este ignominioso fallo tiene más patas, claro. Al día siguiente de asumir Macri, por ejemplo, el diario La Nación publicó un editorial titulado “No más venganza”, en el que podía leerse: “La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 (…) Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar (…) Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre (…) Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad”.

Y justo un día antes de que la Corte resolviera esta especie de indulto encubierto, la Iglesia propone una “reconciliación”, y avisa que recibirá los testimonios directos de un grupo de familiares de desaparecidos y de militares. Justito. Y un día después del fallo, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Jorge Lozano, dijo que se trataba de una “infeliz coincidencia”, pero prefirió no expedirse sobre lo resuelto por la Corte: “No me parece que tengamos que dar nosotros una palabra oficial”. La misma Iglesia que todavía ni siquiera pidió perdón por su participación en la dictadura. “Esta Iglesia que hoy pide reconciliación es la que entregaba los bebés arrancados a sus madres en cautiverio para entregárselos a las familias de empresarios. Esta iglesia avaló todo aquello y no nos representa”, me dijo Nora Cortiñas en la radio la semana pasada.

A todo esto, dos de los tres jueces que fallaron fueron nombrados a dedo, por decreto presidencial, y ambos, Rosatti y Rosenkrantz, aceptaron una designación inconstitucional, después avalada por votos del Congreso, a los cuales no les pareció grave que hubiesen entrado primero por la ventana. “No me caben dudas de que hay condicionamientos sobre Rosatti y Rosenkrantz, y  me preocupa mucho más la postura de la Dra. Highton de Nolasco, que ahora tuvo un guiño del gobierno al permitirle que continuara ejerciendo su cargo después de los 75 años, pero que había tenido una postura distinta en el año 2009”, me hizo saber hace unos días el abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe. Aún no logro olvidar la presteza de Carlos Rosenkrantz, quien no bien fue nombrado por Macri tardó segundos en borrar quirúrgicamente de la web de su estudio que uno de sus mayores clientes había sido el Grupo Clarín.

Por supuesto que, al menos por ahora, no hay pruebas para decir “esto lo decidió el gobierno”, pero sí para asegurar que creó un escenario. Le pregunté el viernes pasado sobre esto a la diputada Victoria Donda, hija de desaparecidos y apropiada durante la dictadura, y fue tajante: “Esto sin un clima y una orientación política es imposible que se dé”. En síntesis, primero se generó un clima, se cambió de paradigma. Funcionarios del gobierno y hasta el propio presidente cuestionaron y atacaron las conquistas logradas por el pueblo argentino en materia de derechos humanos. Después llegó el fallo de la Corte que suavizó por primera vez la pena a un genocida. Se abre la puerta a la impunidad para quienes perpetraron los más atroces crímenes de la dictadura. Y, como sabemos, siempre puede ser peor. Ahora el resto de los genocidas hace cola en los juzgados para conseguir el mismo beneficio.

Es desolador, verdaderamente desastroso, pero como decía el escritor Eduardo Galeano, “dejemos el pesimismo para tiempos mejores”. Hay que ir a la marcha del miércoles y a las que hagan falta. A las seis de la tarde en la plaza Agustín Tosco con destino a Tribunales Federales. Vale la pena recordar los principios andinos que popularizó Evo Morales: no robe, no mienta, no sea flojo. No es momento para ser flojos. Están en riesgo conquistas sociales que admiraron al mundo. Porque como dijo la abuela Sonia Torres, si no los detenemos ahora, no los vamos a poder parar más.