Imputados por contaminación

La Justicia imputó por contaminación ambiental por el desborde de la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym a tres directivos de la empresa que pertenece al grupo Roggio. Se trata de su presidente, Alberto Verra, quien trabaja en las oficinas de Buenos Aires, y de dos ingenieros locales: María Aráoz (responsable técnica) y César Ripsky (gerente operativo).

Según informó el viernes la Asamblea de Vecinos Autoconvocados “Santa María sin Basura”, el fiscal de instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, tomó la decisión de imputar luego de conocer el informe de un cuerpo interdisciplinario de peritos oficiales, cuyo análisis habría sido “contundente”.

Los vecinos de la zona también apuntan a las responsabilidades de los funcionarios públicos que autorizaron la instalación de la planta en ese lugar de la ruta 36 (km 790). Según el diario Perfil Córdoba del domingo, los peritos también hicieron “numerosas observaciones sobre la topografía del terreno y llegaron a la conclusión de que nunca debió autorizarse la instalación de una planta de esas características en ese lugar”. Esta investigación duerme en los cajones de la Fiscalía Anticorrupción.

El delito de contaminación ambiental tiene una pena de entre 3 y diez años, según contempla la ley 24051, la misma que se aplicó en el caso de las fumigaciones en barrio Ituzaingó.

Taym se dedica al tratamiento de residuos industriales y químicos altamente contaminantes provenientes de todo el país. El 28 de marzo de 2017, la planta desbordó luego de una lluvia intensa que terminó en inundación, lo que derivó en la rotura de un terraplén de contención y la caída de contaminantes al canal Los Molinos. Este canal abastece a una de las plantas potabilizadoras de Aguas Cordobesas, empresa que también es del grupo Roggio, como Taym.