Inocencia interrumpida

La madrugada del domingo todavía resuena en Paso Viejo, una comuna de alrededor de mil habitantes ubicada en el departamento Cruz del Eje. La balacera policial despertó a un pueblo, hirió a dos jóvenes y asesinó a Joaquín Paredes, de tan sólo 15 años. Una bala de 9 mm ingresó por la espalda, detuvo su corazón y se alojó en su pecho. Su padre, Cristian González, recibió la noticia a las cinco de la mañana y, conmocionado, viajó desde Córdoba hacia la localidad. “No tiene perdón la forma en que tiraron. No eran perros, no eran chanchos. Eran chicos”, expresó a Pulxo.

En el lugar del asesinato, se encontraron más de 40 vainas tiradas en el suelo como prueba de la cantidad de disparos que efectuaron los agentes. A su vez, la Justicia secuestró cinco pistolas policiales pero ningún arma civil, motivo por el cual la fiscal Fabiana Pochettino considera que no existió un enfrentamiento entre los pibes y la policía. Hay cinco oficiales detenidos e imputados por el homicidio – no superan los 30 años de edad – que, junto a un sargento y el subcomisario a cargo del procedimiento, fueron enviados a situación pasiva. “Dos de los policías imputados han sido alumnos nuestros”, relató Leticia Aparicio, docente del IPEA 306 donde asistía Joaquín. “Esto nos devuelve la institución policial a nuestros territorios: policías con un arma que, desde un lugar del poder, dicen ‘yo salí, ahora tengo un arma, vos me tenés que hacer caso’. Nos devuelve chicos muy diferentes de lo que nosotros entregamos”, aseguró a Crónica Matinal.

Para el CELS, el crimen de Joaquín Paredes es el séptimo que se produce desde que se inició el aislamiento en marzo de este año, vinculado al uso de la fuerza letal de la policía provincial. A su vez, la Asamblea Permanente de DDHH local señaló que hubo 60 homicidios denunciados como casos de gatillo fácil en los últimos 20 años en Córdoba. Según afirmó la investigadora y doctora en Ciencias Sociales, Valeria Plaza, la represión policial es un problema que existe desde el regreso de la democracia en adelante. “Es el Estado el que mata”, sostuvo al programa Ciudad U.

En el mismo sentido, organismos de DDHH y organizaciones sociales enviaron una carta al gobernador Juan Schiaretti reclamando “un cambio urgente y profundo” tanto en el gobierno como en la conducción de la policía provincial y denunciaron el aumento del hostigamiento a los jóvenes, las prácticas “abusivas y reiteradas” de gatillo fácil y la “pericia y rapidez” para alterar las escenas de los crímenes. En lo que va del año, son 21 los efectivos imputados por casos de gatillo fácil en nuestra provincia.