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En una embestida con tintes político-electorales, la Justicia intervino en gremio de canillitas y desplazó a su secretario general, el diputado Omar Plaini. Es una causa de 2013, que no avanzó en cuatro años y lo hizo justo en un momento electoral. Es el cuarto gremio intervenido bajo la gestión de Macri.
martes, 4-julio-2017
Omar Plaini quiere una CGT conducida por la dupla Pablo Moyano-Sergio Palazzo.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dio la orden y Gendarmería fue la encargada de su cumplimiento. En unas horas, las fuerzas de seguridad se hicieron con el control de la sede de Sivendia, el gremio de los canillitas. Además, el juez ordenó el procesamiento del diputado Omar Plaini, su desplazamiento como secretario general y un embargo en su contra por 200 mil pesos. Todo se da a partir de una denuncia de 2013 y en el marco de una persecución ostensible del gobierno nacional contra el movimiento sindical.
La causa surge por supuestas irregularidades en unas planillas de las elecciones del gremio en 2013 y fue realizada por una corriente interna disidente a Plaini. Durante cuatro años, la causa se movió a ritmo de tortuga. Inclusive, la Corte Suprema dejó firme un fallo de la Cámara Laboral que ratificaba la validez de las elecciones. Ahora, cuando Plaini manifestó abiertamente su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, los expedientes y la causa aceleraron a fondo. “Hay claramente una persecución jurídica y política y un ataque al movimiento sindical”, afirmó Plaini.
El gobierno que encabeza Mauricio Macri ostenta el triste récord de haber intervenido cuatro sindicatos en sólo un año y medio. Además de Sivendia, fueron intervenidos: el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), con la detención de su conductor Omar “Caballo” Suárez; y el gremio de empleados de seguridad privada (UPSRA) y de azucareros (FEIA), aunque la Justicia laboral revocó la medida.
La CGT reaccionó y manifestó su rechazo con un comunicado en el que asegura que esta causa “esconde tras de sí objetivos políticos y, especialmente, persecución gremial por parte del gobierno”. Califica la medida como “un ataque a la institucionalidad sindical y, con ello, al modelo de representatividad de los trabajadores argentinos”. Por último, ratifica que elevará una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo.
“Hay claramente una persecución jurídica y política y un ataque al movimiento sindical”.
Omar Plaini, secretario general del gremio desplazado por la Justicia