Juicio de residencia y gobernabilidad

A veces cuesta escribir. Ocurre cuando la realidad te desborda y el reality-show sigue vigente. Una mirada racional (o medianamente tal) debe hacer un esfuerzo mayúsculo para interpretar hechos, decodificar discursos, palabras, organizar el sentido y… sobrevivir.

La derecha se ha escudado siempre en el poder económico, político, cultural, militar, y ha salido indemne y enriquecida de sus ciclos devastadores, prohijados a la luz y sombra de democracias endebles, fáciles de embaucar y someter. ¿O no es una burla que personajes siniestros como Domingo Cavallo, Carlos Saúl Menem, Fernando De la Rúa, Roque Fernández, López Murphy, Federico Sturzenegger y larga lista, caminen libremente y a sus anchas después de haber culminado en los ´90, un recorrido fatal para nuestro país? Y estamos hablando solo del pasado.

En la época colonial heredamos en América un procedimiento judicial llamado Juicio de Residencia, que algunos historiadores fijan su origen en el derecho castellano y otros en el romano. Era un mecanismo de control por el cual los altos funcionarios que dejaban sus cargos debían rendir cuentas de lo actuado; un intento de controlar así los robos a la corona y excesos varios cometidos contra ciudadanos, seguramente ilustres.

Virreyes, jueces, corregidores, alcaldes y etc, se sometían a este proceso, y como suele ocurrir con leyes e instituciones, una cosa era la letra y otra bien distinta la aplicación práctica y resultados de las mismas. De manera que mientras se sustanciaba -tarea a cargo de quien sería el reemplazante en el cargo-, pasaban largos meses y años entre pruebas y contrapruebas, testigos a favor y en contra, batallas leguleyas… Y al final los “enjuiciados” pagaban alguna que otra multa y pedían perdón al rey, pero conservaban sus marquesados, ducados y sobre todo los territorios, haciendas, el oro y la plata que habían cosechado en nuestras tierras, tras expulsar y masacrar a los pueblos originarios. Claro que hubo excepciones, como el caso de Vasco Núñez de Balboa que terminó decapitado, pero no precisamente por sus fechorías, sino por una interna con Pedrarias.

De manera que nada garantiza que las cosas salgan como debería ser, pero en la Argentina de hoy es imprescindible activar o crear mecanismos para escarmentar adecuadamente a los gobernantes que la desangran. Si las acusaciones fuesen confirmadas y la sentencia firme, entonces más de uno dormiría la siesta en una celda, en lugar de pasearse por balnearios off shore. ¿Acaso no merece dura sanción el funcionario Esteban Greco, que permite la ominosa fusión de Telecom-Cablevisión rompiendo con toda posibilidad de competencia? Es el mismo Greco que tiempito atrás fungía como asesor de Telecom, Telefónica y Cablevisión. La palabra increíble resulta tan insulsa.

Es seguro que hurgando y hurgando, algunos abogados y fiscales probos podrían encontrar figuras penales para encuadrar a quienes han hecho de la toma de deuda externa, un festival para sus bolsillos. O los que firmaron el acuerdo con el FMI, decretaron el fin del programa Conectar Igualdad, Argentina Sonríe, el intento de quita de deuda del Correo al grupo Macri, el blanqueo para familiares y amigos del poder, y quienes han permitido la fuga de miles y miles de millones de dólares al exterior. No olvidar el golpe contra Arsat, Telam, el manotazo a los fondos del Anses, la mordaza y destrucción de medios opositores, la ley de reforma previsional… Lista interminable que podría incluir a periodistas cómplices a conciencia.

Juan José Aranguren merece un párrafo aparte. Sin pestañear, el ex ministro declara que mantiene el 84 % de su patrimonio fuera del país y que ahí lo dejará “hasta recuperar la confianza en la Argentina” (¡!). En cualquier país “serio”, con los que se llena la boca la derecha, personajes como estos no duran un segundo en el cargo. Ni siquiera en esos países “serios” que escupen fuego y metralla sobre poblaciones indefensas y países saqueados.
Aranguren es el mismo tipo que sin remilgos y en menos de lo que canta un gallo, pasó de ser presidente de Shell a ministro de Energía del macrismo. A partir de ese salto calculado, vinieron los aumentos. No se salvó ni la ciudad de Buenos Aires, que en dos años registra un incremento de más de 1.000 % en electricidad, 360 % en gas y 380% en boletas de agua. Ojo, esto según cifras oficiales y sin contar con datos fidedignos del 2016, año que el INDEC actual no evaluó. En nuestra provincia los aumentos fueron algo menores en esos rubros.

Entonces, ¿hemos de quedarnos con los brazos cruzados mientras desguazan día a día lo que con tanto esfuerzo se logró construir en el país?

“Luego de la fuerte crisis financiera que experimentó la Argentina en la primera quincena de mayo, los sueldos medidos en dólares mostraron un fuerte retroceso. Según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, se produjo un “deterioro sistemático” del salario mínimo, que pasó de u$s 589 a u$s 384.
En variaciones porcentuales, se trata de una merma del 34,8% en el salario mínimo local medido en moneda dura en dos años y medio. Pero si se considera sólo el último año, el retroceso es del 27%”, remarcó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda”. Ver fuente.

¿Es necesario precisar a quiénes derriba este modelo? Sin embargo, cuando se piden sanciones y medidas urgentes para frenar el deterioro, un coro de malvadas voces agita la palabra “gobernabilidad”, como si se tratase de un bien intangible. La gobernabilidad implica acuerdos entre los actores de la sociedad, políticos y civiles, y tiene sentido cuando los gobernantes satisfacen las demandas sociales. Pero a nadie se le ocurriría pensar que tales demandas implican aceptar, lo más campante, un recorte brutal a las condiciones de vida de los que menos tienen.
A nadie, salvo a los ricos.