Justicia selectiva
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de queja y ratificó los procesamientos dictados por el juez federal Julián Ercolini por asociación ilítica contra la ex presidenta CFK, Lázaro Báez, Julio De Vido y José López, allanando el camino hacia el juicio oral y público.
jueves, 2-noviembre-2017
CFK es acusada junto a De Vido, López y Baéz de montar una asociación ilícita con la obra pública en Santa Cruz.
La Cámara no aceptó los recursos de Báez ni de la defensa de la ex presidenta contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal, que había confirmado su procesamiento y otro embargo por 10.000 millones de pesos, en la causa que investiga una supuesta estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez.
El juez que instruyó la causa, Julián Ercolini, desestima que lo que está en discusión es el 11 por ciento de la obra pública a Santa Cruz. Lo curioso es que el magistrado se basó en una auditoría realizada por el macrismo el año pasado que concluye que “no se perciben deficiencias de relevancia en las construcciones, los desajustes de certificaciones de obras no se consideran relevantes, el ambiente de control imperante resulta razonable y no se encuentran desvíos significativos”, sumado al informe de Vialidad Nacional que señala que no se detectaron sobreprecios.
Cabe recordar que cuando se la procesó por esta causa, CFK había solicitado a la justicia que se hiciera una auditoría de toda la obra pública de sus dos gobiernos, a los fines de confirmar que Lázaro Báez no había sido el empresario más perjudicado, y que incluso tenía menos obras que la empresa IECSA, propiedad entonces del primo de Macri, Angelo Calcaterra, quien compartió sociedad con Báez en algunos emprendimientos. Pero la justicia hizo caso omiso a ese pedido de la ex presidenta.
La inquisición judicial
El juez bonaerense en lo Contencioso y Administrativo, Luis Arias, fue suspendido de acuerdo al voto por unanimidad del Jury de Enjuiciamiento que analizó hoy las denuncias en su contra por “prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de las funciones como funcionario público”. Quien lo denunció es el actual Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, que impulsó su desplazamiento porque al informar sobre la mayor cantidad de víctimas en la inundación de La Plata en 2013, Arias habría invadido la jurisdicción de otro magistrado.
Sin embargo, las razones del ensañamiento contra Arias deben buscarse en sus fallos para evitar desalojos por la fuerza, abusos policiales, medidas contra el tarifazo de servicios, su posición contra la disolución de la Afsca y a favor del derecho a huelga de los docentes bonaerenses.