La ciénaga judicial

11
agosto
2022

La ciénaga judicial

En Córdoba, existen alrededor de 140 causas socioambientales paralizadas en el Poder Judicial.

Recursos de amparo sin resolver; medidas cautelares que no se cumplen; y demandas penales archivadas forman parte de los reclamos que vienen realizando las organizaciones.

La lentitud judicial trae como consecuencias el avance del daño sobre el ambiente y la represión estatal a quienes defienden y viven en los territorios afectados desde hace años.

El tiempo está después

Mientras el Poder Judicial de Córdoba pone quinta a fondo en algunos casos, pasa a primera – o directamente a punto muerto – con las causas socioambientales de la provincia.

Por tercer jueves consecutivo, el próximo jueves 11de agosto la Mesa de Organizaciones, Comunidades Indígenas y Asambleas Socioambientales se congregará frente a Tribunales I para exigir justicia ambiental.

De acuerdo a un incipiente relevamiento que vienen realizando, hay cientos de demandas paralizadas tanto en el fuero Penal, Civil y Contencioso-Administrativo.

Calculan que rondan las 140

Recursos de amparo sin resolver, medidas cautelares sin cumplir y causas prescriptas y/o archivadas.

En diálogo con Al Revés, el abogado Juan Smith explicó que una acción de amparo debería demorar unos pocos meses en disiparse y que – en promedio – están tardando unos 5 años.

“En temas ambientales, el tiempo es clave y las medidas cautelares son de cajón para poder detener el daño”

Juan Smith, abogado ambientalista

A su vez, los jueces no están haciendo cumplir las decisiones judiciales que ellos mismos dictan en estas causas.

Por ejemplo, en el Parque Solar de Traslasierra las máquinas siguen avanzando y en Candonga siguen construyendo a pesar de las disposiciones de los magistrados.  

En cuanto al fuero penal, el letrado detalló que existen muchas causas contra funcionarios públicos por atropello a los bienes comunes que también están estancadas o archivadas.

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A pesar de los numerosos recursos de amparo, la Autovía de Paravachasca continúa avanzando y destruyendo el monte nativo

Causas y consecuencias desastrosas

Detrás de las causas socioambientales, aparece la obra pública y privada; los incendios forestales; las fumigaciones con agrotóxicos; y la contaminación con residuos peligrosos, entre otras cuestiones.

En ese sentido, el letargo del Poder Judicial no solo afecta a miles de hectáreas en la provincia, sino que también trae graves consecuencias sobre las poblaciones que viven en los territorios.

Consultada por Al Revés, Eliana Lacombe de la asamblea Santa María Sin Basura recordó lo sucedido con la causa Taym en donde el canal Los Molinos – que abastece de agua potable al 30% de la ciudad de Córdoba – fue contaminado con residuos peligrosos luego del desborde sufrido en marzo del 2017.

Decidieron archivar la investigación contra los funcionarios públicos

Además, dieron por prescripta la causa que abordaba la responsabilidad de la empresa del Grupo Roggio y exoneraron a los únicos imputados.

Como muestra de la desigualdad con la que actúa el Poder Judicial, la comparó con la situación de muchos asambleístas y vecinos de la zona de Paravachasca y Punilla que fueron imputados y/o desalojados violentamente cuando luchaban contra el avance de la Autovía sobre las zonas rojas de monte nativo.

“La situación de los DDHH y derechos ambientales están siendo totalmente vulnerados por el propio Estado y las empresas en Córdoba”

Eliana Lacombe, integrante de la asamblea Santa María Sin Basura

Desde el Foro Ambiental Traslasierra, aseguraron a Al Revés que fueron ninguneados por las comuna y municipios; los tribunales y la Cámara de Villa Dolores; y también por el Tribunal Superior de Justicia.

Dos de las principales causas están relacionadas con el acueducto Traslasierra y la ruta Altas Cumbres – concretamente el tramo proyectado entre Cañada Larga- Villa Dolores – de las que tienen escasa o nula información.

En el primer caso, apelaron judicialmente hasta llegar a instancias del TSJ donde, actualmente, duermen los expedientes mientras el proyecto sigue avanzando. En el segundo, solicitaron la inconstitucionalidad de la Ley de Expropiación Genérica e interpusieron una medida cautelar en el año 2019.

Nada sucedió y las obras continúan en marcha

Por su parte, Silvia Cruz, de VUDAS (Vecinxs Unidxs en Defensa de un Ambiente Sano), hizo referencia a la falta de respuesta de la Justicia frente al daño genético, los enfermos y los muertos que provocaron tanto las fumigaciones en barrio Ituzaingó y Dique Chico, como la contaminación de la planta de bioetanol de Porta Hnos.  

Para la militante socioambiental, una justicia lenta es una justicia incompetente.

A pesar de las numerosas demandas y reclamos, el Poder Judicial continúa frenando el avance de estas causas y favoreciendo el negocio de unos pocos.   

*La Mesa de Organizaciones, Comunidades Indígenas y Asambleas Socioambientales de Córdoba convoca a la ciudadanía a concentrarse el jueves 11 de agosto en Tribunales I (Caseros 551) a partir de las 9:30 horas para pedir Justicia Ambiental Ya!

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La Justicia archivó y dio por prescripta las causas que involucran a la empresa Taym por la contaminación con residuos peligrosos ocurrida durante un desborde en marzo del 2017

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