“La concentración supone precarización del empleo”

Por Camilo Ratti

Investigador de Conicet, especialista en temas de comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes y la UBA, Martín Becerra participó activamente en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el macrismo trituró a las dos semanas de asumir el poder, y es autor junto a diputados socialistas de un proyecto de ley de comunicaciones convergentes, que hasta el momento duerme en la Cámara de Diputados por falta de voluntad politica para discutir una nueva normativa que ponga límites a la concentración mediática que el gobierno profundizó, y garantice la libertad de expresión de todos los actores de la comunicación.

En esta entrevista con Al Revés traza un sombrío panorama sobre el escenario argentino, que, con la posible venta del grupo Indalo a empresarios cercanos a Cambiemos, no quedan grandes jugadores del sistema críticos al gobierno.

¿Cómo está hoy el mapa de medios en el país? Con el cambio de la línea editorial en C5N (Vertbisky reveló que los contenidos los maneja Nicky Caputo, el “hermano de la vida” de Macri), se puede decir que no quedan medios críticos con el gobierno nacional, ya que el Grupo Octubre (Página/12 y AM750) no opera servicios de TV

Es un mapa cada vez más concentrado, en parte porque es la tendencia inherente del sector y en parte gracias al aliento decisivo que las políticas del presidente Macri producen en los actores más grandes del sector, allanando las pocas dificultades legales o económicas para expandirse.

“Como la brújula gubernamental sólo detecta a los grandes actores industriales como sujetos de derecho, los ejes de su política están orientados a potenciar la mercantilización de las comunicaciones”.

Martín Becerra, investigador en temas de comunicación.

Las consecuencias son la erosión de la escasa competencia que existe en el sector, la desprotección de la mayor parte de las localidades del país que carecen de escala suficiente como para atraer a los grandes capitales industriales, la amenaza a la sostenibilidad de actores PyMes, cooperativos y comunitarios, la confusión de la noción de interés público con el interés corporativo de los principales conglomerados y la desatención de las obligaciones estatales de generar políticas públicas para compensar las desigualdades del mercado.

Además de la festejada fusión entre Cablevisión y Telecom, que transgrede los términos del Decreto 1340/16 de diciembre último y que, en consecuencia, demandará una nueva adecuación de las reglas de juego públicas a las necesidades de los grupos dominantes (en este caso, del Grupo Clarín), el gobierno asignó espectro radioeléctrico (un bien de dominio público) a demanda y sin concurso, bloqueó por decreto la competencia en las redes de fibra óptica por 15 años -una medida que hace ya una década fue descartada como anticoncurrencial en Europa-, prorrogó todas las licencias audiovisuales en otra demostración anticompetitiva, autorizó la transferencias de licencias sin control estatal, desmanteló la definición de eventos de interés general para garantizar el derecho social a acceder sin arancelamiento a contenidos relevantes, cercenó la representación de la sociedad civil y de las provincias en la definición de estrategias y continuó con la discrecionalidad a la hora de elegir qué señales deben ser subidas a la grilla de los cableoperadores y de la tv digital abierta.

“Los ganadores de este modelo son los grandes actores industriales de las comunicaciones, en particular, aunque no únicamente, el grupo Clarín”.

Martín Becerra, investigador en temas de comunicación.

¿Qué significa para el sistema democrático la concentración mediática y que se profundice el discurso “monocorde” y encima oficialista?

La concentración de la comunicación es un problema clásico. Se trata de un sector con tendencia inherente a la concentración, por sus economías de escala, de gama y, ahora, de red, por sus costos fijos y por la escasez de recursos que usa como plataformas de distribución de contenidos. Las respuestas normativas y políticas buscan atenuar los efectos de la concentración. El Sistema Interamericano ha sido claro al respecto, y por eso EEUU, Canadá, México y la Unión Europea tienen regulaciones que facultan a los organismos estatales a limitar la concentración de la propiedad de los medios y actividades de comunicación. La singularidad del recurso de la información hace que esas respuestas normativas no se vean satisfechas con la mera intervención de las áreas de defensa de la competencia.

“Casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos (Telefónica y Clarín). En tanto que en la tv de pago, que es la forma en la que el 83% de los hogares accede a la tv, casi el 70% de los abonos está controlado por dos grupos (Clarín y AT&T)”.

Martín Becerra, investigador en temas de comunicación.

¿Y en el ejercicio periodístico, cómo afecta?

En los medios de comunicación la concentración provoca una reducción de las fuentes informativas (que genera menor pluralidad de emisores), una relativa homogeneización de los géneros y formatos de entretenimiento, una predominancia de estilos y temáticas, y una concomitante oclusión de temas y formatos. La concentración de medios tiende a la unificación de la línea editorial, y esto se combina con el sesgo informativo. La concentración, además, vincula negocios del espectáculo (estrellas exclusivas), del deporte (adquisición de derechos televisivos), de la economía en general (inclusión de entidades financieras y bancarias) y de la política (políticos devenidos en magnates de medios, o socios de grupos mediáticos) con áreas informativas, lo que produce repercusiones que alteran la pretendida “autonomía” de los medios.

Otro impacto de la concentración es el de la centralización geográfica de la producción de contenidos e informaciones en los lugares sede de los principales grupos. Buenos Aires en Argentina, Sao Pablo y Río en Brasil, Santiago en Chile, son ejemplos contundentes. Este impacto también debilita el espacio público y empobrece la disposición de distintas versiones sobre lo real por parte de las audiencias/lectores, condenando a una subrepresentación a vastos sectores que habitan en el “interior”.

¿Y en las relaciones laborales?

Supone un ambiente de precarización del empleo, porque desaparecen medios y porque los existentes tienden a fusionarse generándose economías de escala y ahorro de costos laborales. Y además porque en un sistema de medios muy concentrado, los periodistas tienen pocas alternativas de conseguir un buen empleo si se enfrentan con alguno de los grandes grupos. El delicado tema de la autocensura en la profesión no debería eludir la consideración de este aspecto.

“Las consecuencias son, entre otras, la amenaza a la sostenibilidad de actores PyMes, cooperativos y comunitarios, y la confusión de la noción de interés público con el interés corporativo de los principales conglomerados, además de la desatención de las obligaciones estatales de generar políticas públicas para compensar las desigualdades del mercado”.

Martín Becerra, investigador en temas de comunicación.

Los procesos de concentración debilitan la circulación de ideas diversas en una sociedad y por ello protagonizan, desde hace décadas, la agenda de políticas públicas en el sector de la información y la comunicación en países de distintas latitudes y con tradiciones regulatorias.Argentina exhibe altos niveles de concentración en comunicación. Frase: Por ejemplo, casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos (Telefónica y Clarín). En tanto que en la tv de pago, que es la forma en la que el 83% de los hogares accede a la tv, casi el 70% de los abonos está controlado por dos grupos (Clarín y AT&T).

¿Qué opinás del nuevo DNU que estaría diseñando el gobierno sobre que las telefónicas puedan dar servicio satelital, y que puedan competir en ciudades de menos de 600 mil habitantes?

No conozco los lineamientos del nuevo decreto anunciado por el gobierno, pero hasta ahora la intervención gubernamental ha potenciado la concentración del sector, erosionado la de por sí escasa competencia y dañado a actores sociales no lucrativos en particular y a medios y organizaciones pequeños y medianos en general.

¿Empeoró la situación del sector comunitario y cooperativo desde la asunción de Macri? ¿Sigue igual?

El sector de medios comunitarios ha sido abandonado a su suerte por el gobierno desde diciembre de 2015, sin que pueda afirmarse que antes de esa fecha el Estado haya cumplido sus obligaciones legales ante el mismo. A un estado de falta de institucionalización, impedimento para la legalización y escaso apoyo material hasta diciembre de 2015 -pese a lo dispuesto por la ley 26522 de 2009-, le siguió el ninguneo, la postergación de la ejecución de fondos legalmente previstos (y canalizados tarde y mal a través de los FOMECA) y la interesada vinculación del sector con supuestos manejos irregulares de fondos durante la gestión anterior. De modo que hoy la situación es preocupante pues se observa una clara política que conduce al ahogo presupuestario de los fondos previstos por ley y a una carencia de cumplimiento de los deberes que el Sistema Interamericano de DDHH prevé para el pleno ejercicio de la libre expresión por parte del sector comunitario y no lucrativo de la comunicación.

¿Qué alternativa tiene ese 65% de electorado que no vota al macrismo, y no encuentra, según una definición tuya, una “representación institucional mediática”? ¿Redes, otros medios alternativos? Porque la TV todavía sigue influyendo mucho en la opinión pública.

Por supuesto, la tv sigue siendo un medio trascendente en términos de construcción y circulación de contenidos en el espacio público. Además de activar propuestas y reclamos ante los representantes del pueblo para que discutan en el Congreso otras políticas de comunicación -algo que los bloques mayoritarios con representación parlamentaria vienen eludiendo sistemáticamente desde diciembre de 2015-, creo que sí, es importante potenciar el caudal de medios alternativos y de redes digitales, siendo consciente de que la envergadura e impacto de estas acciones es limitado frente al poder de los grandes grupos industriales de la comunicación que son, a la postre, favorecidos por la regulación y la transferencia de recursos estatales.