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enero
2023
El pedido de juicio político a Horacio Rosatti obliga a la oposición a asumir su responsabilidad frente a la democracia.
La aprobación deberá contar con el aval de dos tercios de los miembros presentes del Congreso.
Acusar, investigar y juzgar al presidente de una Corte Suprema subordinada al poder real posibilita desarmar un Estado con lógicas mafiosas.
La independencia entre los tres poderes del Estado es una de las condiciones para que exista un sistema republicano democrático.
Sin embargo, luego de que se filtraran los chats entre Silvio Robles – vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti – y Marcelo D’Alessandro – ministro de Seguridad de CABA – la Justicia perdió su imparcialidad.
A raíz de este escándalo, Alberto Fernández solicitó el juicio político a Horacio Rosatti -quien casualmente también preside el órgano involucrado en el conflicto – y pidió que se investigue al resto de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En diálogo con Al Revés, el ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe validó la decisión del mandatario al existir las causales que prevé la Constitución Nacional en su artículo 53 por el mal desempeño de funciones.
Mientras el oficialismo tiene los números complicados, la defensa de la democracia está en manos de la oposición.
“Hemos llegado a un punto en donde es necesario poner blanco sobre negro. Es hora de que la oposición asuma su responsabilidad ante la historia”
Miguel Rodríguez Villafañe, ex juez federal de Córdoba
En ese sentido, el abogado recordó que la Coalición Cívica – a través de Elisa Carrió – motorizó una medida similar contra Ricardo Lorenzatti cuando el supremo presidía el máximo tribunal.
De los 23 gobernadores, sólo 12 apoyaron el pedido del presidente Alberto Fernández.
Muchxs actúan con cautela por las causas judiciales que tiene la Corte Suprema y que involucran a sus provincias.
“Estamos ante un país maniatado y una encerrona mafiosa”
Miguel Rodríguez Villfañe
Con respecto al fallo de la Corte Suprema que decidió un aumento del 2,95% en la coparticipación a favor de CABA y en detrimento del resto del país, Villafañe explicó que viola las más elementales normas jurídicas.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 26.854 sobre medidas cautelares, la disposición del máximo tribunal transgrede varios artículos.
El artículo 3 referido a la necesidad de evitar perjuicios al interés público, ya que son menos ingresos para la Nación y el pueblo argentino.
También el artículo 9 que indica que los jueces no podrán dictar ningún fallo que afecte o distraiga de su destino los bienes o recursos propios del Estado.
Además, avanza sobre la vigencia temporal de las medidas cautelares que no deben superar los 6 meses.
“La medida es nula porque la Corte no fija términos y tardó dos años en expedirse
Miguel Rodríguez Villafañe
En ese sentido, el ex magistrado consideró que es necesario descabezar esta Corte Suprema que está podrida.
Arrogarse la suma del Poder Público para favorecer a un club de selectos se aleja bastante de un sistema de administración de justicia que garantice derechos para todxs.
17
enero
2023
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enero
2023
