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“La Corte no garantiza seguridad jurídica”

Miguel Rodríguez Villafañe sostuvo que la Corte dejó expuestas diferencias que van más allá de la puja por el CIJ y que se abre un signo de interrogación sobre fallos a futuro. Además, recordó que el actual presidente, Carlos Rosenkrantz, desoyó fallos de la CIDH que tienen rango constitucional.

 Miércoles, 10-octubre-2018

Intrigas y pujas de poder en el organismo que tiene la última palabra sobre la libertad, los bienes y el honor de los argentinos.


El abogado constitucionalista y especialista en derecho de la Comunicación Miguel Rodríguez Villafañe, consideró “muy grave” y “preocunte para las garantías a los ciudadanos” el conflicto de poder que se expuso en los últimos días entre el actual y el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El escándalo es de Palacio pero también tiene implicancias institucionales . El nuevo titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, acusó a su antecesor en el cargo, Ricardo Lorenzetti, de vaciar de personal y de recursos el área de Comunicación (Centro de Información Judicial CIJ) del alto cuerpo, ante de dejar la presidencia.

“El escándalo de la Corte, que sucedió nada menos que en frente de los representantes de las Cortes Supremas de veinte países, tiene perfiles muy graves para el país. Deja en evidencia un enfrentamiento que es grave, porque estos jueces el día de mañana puede condicionar acuerdos respecto de cuestiones que tienen que resolver a la ciudadanía”, dijo el abogado. “No nos olvidemos que la Corte es el máximo tribunal que resuelve sobre la libertad, la vida, el honor y los bienes de las peronas”, señaló.

“Los jueces no tienen que estar todos de acuerdo, pero tiene que haber una convivencia necesaria para el caso de que no haya acuerdo, para que los fallos no salgan con criterio de enfrentamiento sino de justicia”, remarcó Rodriguez Villafañe. “Todo esto genera preocupación”, sostuvo.

Por otra parte, el ex juez federal de Córdoba resaltó que la actual Corte no garantiza seguridad jurídica.

“El voto de Rosenkrantz , Rossatti y Elena Highton de Nolasco han considerado que no cabe aplicar la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Fontevechia, lo cual quiere decir que se va a incumplir la Constitución que le da rango constitucional al tratado de San José de Costa Rica”, explicó. “Se dice que se quiere salir al mundo, que se quiere dar seguridad jurídica. Pero qué persona va a sentir que hay seguridad jurídica si el máximo tribunal del país esta enfrentado, y la Corte Suprema no garantiza la aplicacion del derecho”, agregó el columnista del portal Al Revés, para quien habría condiciones para iniciar un juicio politico a los miembros del alto cuerpo de Justicia.