Córdoba conserva menos del 3% de su bosque nativo y los incendios arrasaron con más de 1 millón de hectáreas en los últimos 30 años.  

Vía libre

Las tragedias socioambientales que viene sufriendo la provincia de Córdoba no son casuales.

El desmonte ilegal y los incendios forestales representan la antesala de proyectos vinculados al agronegocio, a la minería y al desarrollo inmobiliario.

A diferencia de nuestras sierras, estos sí cuentan con el respaldo y la protección del gobierno provincial.

En menos de un mes, la Unicameral trató y aprobó la semana pasada una serie de modificaciones regresivas a la Ley de Política Ambiental Provincial que facilitan la destrucción del medio ambiente por parte de estos sectores económicos.

Antes, las empresas privadas estaban obligadas a realizar Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública en casos de desmonte de áreas protegidas.

Ahora no

También exime de esa responsabilidad a los silos y plantas de procesamiento de semillas que deseen instalarse en el territorio; y a los loteos que llevan adelante los desarrollistas inmobiliarios.

“Monsanto, Syngenta, Bioceres y la Mesa de Enlace deben estar muy satisfechas con las modificaciones que impulsaron Juan Schiaretti y Juan Carlos Scotto”

Raúl Montenegro, biólogo y presidente de la FUNAM

Otro de los puntos cuestionados por organizaciones y abogades ambientalistas está vinculado a las facilidades que se le otorgan a las empresas telefónicas para la instalación de antenas.

De acuerdo a lo que indicó el biólogo Raúl Montenegro, la ley establecía el Aviso de Proyecto y – condicionalmente – el Estudio de Impacto Ambiental para evitar la radiación no ionizante.

La reciente modificación habla de “estructuras portantes”, dejando fuera de evaluación la emisión de microondas desde las antenas.

A los amigos, todo

En una provincia que “conserva” menos del 3% de su bosque nativo y que ya perdió más de 1 millón de hectáreas en los incendios forestales de los últimos 30 años, el proyecto enviado por el Ejecutivo y aprobado velozmente por el Legislativo significa un verdadero retroceso en materia de política ambiental.

Si bien desde el portal oficial del gobierno se informó que las modificaciones a la Ley 10.208 buscaban “dotar de mayor efectividad a la norma”, lo cierto es que avanza sobre los derechos ambientales de toda la población.

Mientras hay más de 140 causas socioambientales que duermen en la Justicia y las fuerzas de seguridad reprimen a quienes defienden los territorios, el gobernador no disimula su apoyo al poder real.

Casualmente, dos días antes de que la Unicameral apruebe las “actualizaciones”, Juan Schiaretti recibió a la conducción de la Mesa de Enlace para continuar trabajando de manera mancomunada.

“En cada una de sus exposiciones públicas, se pone del lado del agro”

Guillermo Vitelli, de la Sociedad Rural de Córdoba

Además de aplaudir el modelo de gestión de Córdoba, los hombres de los tractores valoraron los 300 kilómetros de caminos de asfalto que se están construyendo gracias al respaldo cordobesista.

En contraste, las autovías avanzan en Punilla y Paravachasca sin que la Justicia responda a las medidas cautelares presentadas por las organizaciones.

Así, el plan de destrucción ambiental que lleva adelante el Ejecutivo Provincial – con la connivencia del Poder Legislativo y el Poder Judicial – continúa en pie, dándole la espalda a la mayoría de sus habitantes.