La doctrina ChocoBang

El Ministerio de Seguridad publicó en el Boletín Oficial la resolución que habilita a las fuerzas de seguridad a usar armas de fuego a disparar a personas en fuga y en un gran abanico de situaciones. Es la reglamentación que deriva de manera directa del caso del policía Luis Chocobar, que asesinó a Pablo Kukoc por la espalda cuando huía en La Boca.

 lunes, 3-diciembre-2018

El gobierno utilizó el caso Chocobar para establecer el nuevo protocolo. El tema 'seguridad' va a ser un eje de la campaña de Cambiemos para 2019.


El 4 de diciembre de 2018 será recordado como el día en que entró en vigencia la institucionalización y el aval estatal al gatillo fácil en la Argentina. Es que desde mañana entrará en vigencia la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad que establece el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, y que habilita al uso de armas en un abanico tan amplio de escenarios que casi cualquier situación queda abarcada.

El protocolo, nacido al calor de la campaña mediática oficial para proteger y resaltar el accionar del policía Luis Chocobar, es válido para la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las fuerzas nacionales. Según el texto, el reglamento deriva de la necesidad de “actualizar los criterios de acción vigentes en las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, atento a la particularidad y gravedad de los delitos en los que tienen que actuar en defensa de los intereses de los ciudadanos”.

El anexo es el que contiene el detalle de las situaciones en las que un agente puede utilizar armas de fuego: en defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves; para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente un peligro inminente para la vida o integridad física de alguien; para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente; y para impedir la fuga de la persona que representa el peligro inminente. Además, el texto indica que el agente deberá identificarse excepto “cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias”. Es decir: los efectivos podrán no identificarse y luego decir que era inútil hacerlo.

El protocolo entiende que hay “peligro inminente” no sólo cuando hay una amenaza de muerte o cuando el presunto delincuente porta un arma letal sino cuando el sujeto posea un símil de arma letal –una copia falsa- o incluso cuando “se presuma verosímilmente” que puede tener un arma letal.

¿Cuándo puede presumirse que el sujeto posee un arma letal y así tener autorización para dispararle? Casi en cualquier situación: cuando integrase un grupo de personas y otro miembro del grupo posea un arma; cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen su intención de utilizarla contra el agente o contra terceros; o cuando efectúe movimientos que indiquen la utilización de un arma.

Por ejemplo: cuando el sujeto “estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose o mejorando su posición de ataque”; cuando el agente entienda que el sospechoso sea capaz de producir la muerte o lesiones graves “aún sin el uso de armas”; “cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves” (el caso Chocobar); y cuando “la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas”. Este último punto es prácticamente un cheque en blanco para firmar con plomo ante casi toda muerte causada por un agente de seguridad.