La fusión de poderes

Dime lo que pregonan y te diré de lo que carecen. Fuera del poder político, Juntos por el Cambio se jacta de la defensa de los valores republicanos y democráticos. Sin embargo, cuando estaban en el gobierno, su conducta se alejó completamente de la Constitución y la división de poderes. A partir de las declaraciones radiales de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, que denunció en mayo pasado las presiones que sufrió durante el macrismo – puntualmente sobre la causa sobre el memorándum con Irán – se abrió una investigación judicial a cargo del fiscal federal Ramiro González.

Hoy Página 12 publica parte del testimonio del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Luis Raffaghelli, quien fue convocado como testigo. El magistrado habló de un “embate contra la independencia de la justicia” y de la instalación de un “ambiente hostil” en el desempeño de la misma por parte de la gestión de Cambiemos. En ese sentido, indicó que hubo denuncias infundadas contra seis jueces y juezas –Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Diana Cañal, Néstor Rodríguez Brunengo, Mirta González Burbridge y él mismo- que el Consejo de la Magistratura rechazó. Recordó también que el ex presidente Mauricio Macri los acusó de “integrar la mafia laboral” y formar parte de “la industria del juicio”.

Sumado a esto, agregó un episodio insólito ocurrido en marzo del 2016 cuando un funcionario del ministro de Trabajo, Jorge Triaca – quien será recordado eternamente por insultar y despedir sin indemnización a su empleada doméstica – les sugirió la necesidad de “consensuar la doctrina de los fallos” en pos de la “seguridad jurídica”. “El silencio y la sorpresa fueron la respuesta ante tan improcedente petición”, expresó el funcionario judicial. Por otro lado, Luis Raffaghelli señaló que recibieron presiones en distintas causas laborales, como en la reincorporación de los trabajadores de la Agencia Télam; los 35 empleados despedidos del ENACOM; y en la anulación de un convenio entre el Ministerio de Trabajo y la empresa Arcos Dorados Argentina SA (McDonalds) que permitía la contratación de hasta cinco mil jóvenes con remuneraciones inferiores al salario mínimo vital y móvil.