La justicia al revés

Los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, de la organización Naturaleza de Derechos, que impulsó y consiguió la primera medida cautelar contra el Estado tras la desaparición de Santiago el 1 de agosto de 2017, denuncian al Estado argentino “por la criminalización de nuestro actuar como operadores jurídicos en calidad de defensores de derechos humanos junto a otros miembros de organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos, ante las distintas represiones ejercidas por las fuerzas estatales, principalmente Gendarmería Nacional, contra las comunidades mapuches Pu Lof en Resistencia en Cushamen, Provincia de Chubut, en el mes de Enero de 2017, y Lof Lafken Winkul Mapu, en el mes de Noviembre de 2017, (con la muerte por fuerzas del Estado de Rafael Nahuel) como así también en la denuncia por la detención arbitraria, aun persistente, del Lonko Mapuche Facundo Jones Huala en el mes de Junio de 2017″.

En la presentación, los abogados también mencionan el caso de Santiago Maldonado: “Denunciamos ante esta Comisión la Desaparición de Santiago Andrés Maldonado, la cual consideramos Forzada, en razón de los hechos denunciados por los miembros de la Pu Lof en Resistencia y que obran en los antecedentes de la Causa MC 564/17”.

Y aunque el cuerpo de Santiago se hallaría finalmente el 17 de octubre, para González Quintana y Cabaleiro “esta situación aún sigue siendo objeto de investigación penal para determinar las causas, los hechos y las responsabilidades sobre su muerte, respecto de la cual se encuentra, claramente, vinculada la fuerza estatal Gendarmería Nacional”.

El contraataque del gobierno llegó con la denuncia contra los testigos de estas causas y sus abogados, buscando instalar que Maldonado se ahogó y que Gendarmería no es responsable de nada, cuando la investigación a cargo del juez Lleral no tiene definiciones, está en plena producción de pruebas cruciales y sigue caratulada como desaparición forzada.

La denuncia que hizo ayer Gendarmería habla de falso testimonio y focaliza en dos miembros de la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen (Matías Santana y Claudina Pilquiman) y a un amigo de Santiago (Ariel Garzi). Habla también de una asociación, en la que arrastra a organismos, abogados y medios de comunicación sin especificar.

La acusación penal de Gendarmería fue realizada ante el juez Guido Otranto, que había sido desplazado de la investigación original sobre la desaparición de Maldonado, y se juntó con la denuncia del Ministerio de Patricia Bullrich contra ocho testigos.

Cuando levantó la cautelar, la CIDH dijo que el Estado argentino “se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte del propuesto beneficiario. En este sentido, corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”.

Cabaleiro y Quintana expresan en su nueva presentación ante la Comisión que “el Estado ha hecho no solo caso omiso a ese pedido de la CIDH, sino todo lo contrario, ha perseguido penalmente a los testigos con imputaciones vagas por hechos que refieren a protestas reclamando sus derechos de pueblos originarios”, y por eso piden una nueva cautelar denunciando la actitud persecutoria de Gendarmería, que busca “criminalizar” a defensores de derechos humanos, e inclusive a medios de comunicación que informaron sobre estos casos, invirtiendo las responsabilidades.