6
diciembre
2022
El intercambio de audios entre miembros del Poder Judicial y el Grupo Clarín puso al descubierto el lawfare que garantiza la impunidad en Argentina.
Con el objetivo de ocultar una viaje a Lago Escondido, los diálogos expusieron la lógica mafiosa con la que operan algunos jueces, fiscales y empresarios mediáticos.
Además de las dádivas, la falsificación de documentos y el direccionamiento de la investigación judicial, los chats evidenciaron la falta de independencia de la Justicia.
Un viaje que existió y una confabulación que salió a la luz.
Los audios y chats filtrados a través de un hackeo, expusieron la lógica mafiosa con la que opera el Poder Judicial en connivencia con funcionarios públicos y las principales corporaciones mediáticas de nuestro país.
Los protagonistas del contubernio fueron dos gerentes del Grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey; 4 jueces federales, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; y un ex funcionario de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Leo Bergroth.
De acuerdo a los diálogos, acordaron decir que tanto el viaje a Lago Escondido cómo la estadía en lo del magnate británico Joe Lewis fue pagada por ellos.
“Hay que organizar bien el discurso”
Julián Ercolini, juez federal, en uno de los audios filtrados
La necesidad de ordenar un relato alejado de la realidad para que difundan operadores mediáticos amigos del poder, habría surgido para contrarrestar una nota de Página 12 en la que se hablaba de una posible operación política, mediática y judicial a favor de Mauricio Macri.
Como un argumento a utilizar a su favor ante el resto de los medios de comunicación, Jorge Rendo – CEO del Grupo Clarín – comentó que hubo accionistas del diario La Nación que también viajaron de la misma manera.
Además de la percepción de dádivas, pusieron sobre la mesa otros presuntos delitos como la falsificación de documentación, incumplimiento de los deberes de funcionario público y la manipulación y/o direccionamiento de la investigación judicial.
Detrás del cónclave en Bariloche y del grupo de Telegram, se encuentran los principales encargados de la persecución judicial a la vicepresidenta y a los distintos referentes del oficialismo.
El juez Julián Ercolini fue quien instruyó la causa Vialidad contra Cristina Fernández; lideró la ofensiva contra el Grupo Indalo; y es quien lleva la causa por la muerte del fiscal Carlos Nisman.
Pablo Cayssials frenó el DNU que declaraba servicio esencial a Internet y a la telefonía, y suspendió la adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Carlos Mahiques fue funcionario de María Eugenia Vidal y Pablo Yadarola es uno de los jueces del fuero penal económico que trabaja con organismos del gobierno de los Estados Unidos.
El impacto es mayor cuando se escuchan las declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, quien comenta que quiere tener “el gusto de ir a buscarlo con un patrullero” para hacerlo “cagar” al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
“Con esa misma impunidad su policía asesinó 138 personas en 5 años”
CORREPI, ayer en su cuenta de Twitter
Para Miguel Rodríguez Villafañe, se trata de un acto de pertenencia en dónde se torna necesaria una “prueba de amor” a quienes detentan el poder real que gobierna el país.
Según el abogado constitucionalista y ex juez federal, este es sería un caso concreto de asociación ilícita.
Para completar el panorama, el jefe de asesores del Poder Ejecutivo – Julián Leunda – también es mencionado en el chat como una de las personas comprometidas en no difundir el viaje a Lago Escondido por otros canales de televisión.
“Son mafias internacionales organizadas en el país, con estructuras claves para llevar adelante un proyecto que cercene cualquier salida que implique no garantizarle a los grandes poderes del mundo sus lucros ilógicos, innecesarios, injustos e ilícitos”
Miguel Rodríguez Villafañe, en declaraciones a Nada del Otro Mundo
A pocos días de que se cumplan casi 40 años de democracia, la herida institucional es tremenda e impacta fuerte en una sociedad a la que le cuesta creer – cada vez más – en la independencia de la Justicia.
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