La manito judicial

“Comodoro Py trabaja a destajo en el Día de la Lealtad”, ironizó Cristina Fernández de Kirchner al conocer el fallo d de la Cámara Federal Porteña, que ordena el desafuero “inmediato” de la Cámara de Diputados de su ex ministro de Planificación Federal y su posterior detención, por la causa que investiga supuestas irregularidades en la obra de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

La arremetida judicial contra la ex presidenta y varios de los que fueron sus funcionarios (Timerman, Boudou, De Vido) se intensificó en estas últimas dos semanas, los momentos decisivos a la hora de definir el voto para las elecciones legislativas del domingo próximo.

La causa contra De Vido investiga la presunta malversación de 26 mil millones de pesos que el Ministerio de Planificación Federal destinó a los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), mientras que se calculó un perjuicio al Estado de 265 millones de pesos. Sin embargo, no hubo cuestionamientos ni acusaciones de sobreprecios. Lo cuestionado fueron los convenios tecnológicos firmados entre YCRT y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sede Río Gallegos, que buscaban orientar las contrataciones a empresas nacionales.

Lo que ahora ordenó la Cámara Federal porteña lo había pedido antes el fiscal Carlos Stornelli, pero el juez Luis Rodríguez lo había rechazado. Stornelli, ex jefe de seguridad de Boca Juniors y de estrecha relación con Mauricio Macri, es quien sostuvo que los convenios con la universidad fueron una forma de evitar controles y que, en materia de compras y adjudicaciones, la UTN se quedaba con un diez por ciento como gastos administrativos, aunque eso no pudo probarse en la causa.

Tras el cambio de gobierno, el 18 de febrero de 2016, el nuevo interventor de la obra, Omar Zeidín, pidió al Ministerio de Hacienda los fondos para continuar con los convenios con la UTN: el propio macrismo avaló los acuerdos, los mismos que dos meses más tarde fueron desestimados porque la decisión política era parar la obra y las inversiones.