El ajuste que no discrimina

Con un decreto del menemismo del año 1997, el gobierno nacional justifica la baja de pensiones no contributivas por discapacidad, que llevaron a la gestión de Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social eliminar 170 mil pensiones, de las cuales 83 mil fueron en la primera mitad de 2017.

Desde esa cartera aseguran que las cancelaciones no responden a la necesidad de ajustar las cuentas públicas sino a una depuración del padrón. En cambio, fuentes gremiales denuncian situaciones de discrecionalidad generalizadas, en el marco de un cambio de fondo en la orientación de la política de cobertura social.

Lo concreto es que durante el kirchnerismo hubo flexibilidad en la aplicación de esa norma, lo que permitió que los titulares de pensiones crecieran de 350 mil a 1,6 millón entre 2003 y 2015. Para cobrar una pensión el requisito es acreditar un nivel de discapacidad del 76 por ciento, la imposibilidad de que el beneficiario o su cónyuge estén amparados por el régimen de previsión o posean bienes o ingresos que permitan su subsistencia.

Las pensiones no contributivas fueron pensadas para atender contingencias de quienes no cuentan con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar. Desde su creación, la Comisión Nacional de Pensiones gestionó las pensiones a la vejez, por invalidez y para las madres de siete o más hijos, en carácter de derecho para quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad social.

Sin embargo, desde que asumió Cambiemos las pensiones no contributivas dejaron de considerarse un instrumento de la seguridad social. Tanto, que el otorgamiento de pensiones no contributivas cayó de algo más de 10 mil por mes en 2015 a 4700 por mes entre enero de 2016 y enero de 2017. Y mientras en 2015 se habían aprobado 125 mil pensiones, en 2016 cayeron a 61.900.