La Oficina Anticorrupción, como casa de herrero

En la repartición que debería controlar la transparencia de la gestión nacional, su titular Laura Alonso intentó ocultar la contratación irregular de una consultora. Es una empresa nacida al calor del PRO y que prestaba servicios que deberían cumplir los empleados de planta. Además, ofrecen servicios de lobby y asesoran a funcionarios a los que Alonso debería investigar.

 martes, 17-julio-2018

El reino del revés: Laura Alonso hizo un contrato irregular por un millón de pesos anuales desde la Oficina Anticorrupción.


La Oficina Anticorrupción no se ha caracterizado en esta gestión por cumplir activamente su función de control de la transparencia e investigación de irregularidades del actual gabinete. Sin embargo, un trabajo periodístico de Sebastián Lacunza llevó las cosas a otro nivel: Laura Alonso contrató de manera irregular a la consultora Consuasor por 82.500 pesos mensuales para realizar asesoramiento en comunicación –prensa y redes-, trabajo que deberían realizar los empleados de la OA. Y encima después intentó ocultarlo.

¿Cómo fue el proceso? En 2015, luego de consumada la victoria del PRO y con Mauricio Macri recién asumido, un grupo de tres asesores de ese espacio político que conformaban un equipo se beneficiaron con el triunfo electoral. Uno de ellos pasó a ser Subsecretario de Comunicación Pública (luego falleció). Los otros, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice, inscribieron la consultora Consuasor como SRL el 28 de diciembre de ese año. La empresa prestaba servicios en la Oficina Anticorrupción –la coordinadora de Comunicación de Consuasor, Belén Alcacer, era la encargada de prensa de Laura Alonso- pero por algún motivo la funcionaria hizo el contrato con los dueños a título personal y no a la consultora. Cobraban 44.000 y 38.500 pesos respectivamente. En un año son 990.000 pesos.

Cuando Lacunza empezó a investigar el tema y a pedir información, desde la Oficina Anticorrupción se la negaron durante cinco meses bajo la excusa de que afectaba datos personales. En ese lapso, Alonso dio de baja los contratos y la empresa borró su página web, en la que ofrecía también servicios de lobby para empresas.

La consultora, además de la Oficina Anticorrupción, tenía contrato en los ministerios de: Justicia, Trabajo, Medio Ambiente, Defensa, así como en la oficina del senador Federico Pinedo –su principal nexo con el oficialismo, quien les conseguía los contratos- y hasta con el gobierno de Salta. “Cosechaban por todos lados”, disparó el periodista que hizo la investigación.

“Cuando Laura Alonso debía investigar a Triaca por lo de Sandra Heredia, tenía en su mesa chica a una persona de esta consultora y Jorge Triaca, a su vez, estaba asesorada vía contrato por esta misma persona. Es decir: asesoraba a Laura Alonso qué decir sobre Jorge Triaca y asesoraba a Jorge Triaca qué decir sobre Sandra Heredia”, remarcó Lacunza. Una mecánica que dejaría a cualquiera incrédulo por parte de quien debería ser la garante de la transparencia de la gestión y que opera casi como una fanática abogada defensora de los funcionarios del PRO.