La ONU pidió por los jubilados y los discapacitados argentinos

Un informe de un organismo de Naciones Unidas fue lapidario con sus consideraciones sobre la Ley de Movilidad Jubilatoria y la suspensión de pensiones por discapacidad al voleo. El abogado y previsionalista Miguel Fernández Pastor hizo una presentación ante el INADI y criticó a la Justicia.

 lunes, 3-diciembre-2018

La ONU le remarcó al gobierno argentino los devastadores efectos de la Reforma Previsional de 2017 y la baja de pensiones por discapacidad.


Las jubiladas y jubilados argentinos no demoraron mucho en descubrir que las advertencias que se hicieron acerca de la Reforma Previsional de 2017 eran ciertas: la caída del poder adquisitivo de sus haberes durante este año que pasó fue impiadosa. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas dio a conocer sus observaciones finales sobre la situación actual de la Argentina y señaló estar “particularmente preocupado por el impacto negativo que la Ley 27.426 de reforma previsional tiene en la actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares”.

Por eso, el Comité insta a la Argentina “a restablecer el cálculo de actualización contemplado en la ley 27.160” y que a futuro no se vulnere el principio “de no regresión en el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales”.

No fue el único punto observado por el organismo de la ONU. También hicieron foco en lo que calificaron como “la masiva suspensión de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad sin adecuada garantía del debido proceso”. Un punto sobre el que el gobierno avanzó y dio marcha atrás varias veces pero hoy tiene como resultado la baja de pensiones a personas que, en muchos casos, cuentan con un acceso a la Justicia acotado para reclamar la restitución del beneficio.

“El Comité recomienda restituir las pensiones canceladas con afectación del debido proceso, suspendiendo el Decreto 432/97”, reza el texto. Además, le recomienda al gobierno argentino “evaluar el impacto de las incompatibilidades y garantizar un plazo razonable para que las personas afectadas puedan interponer un recurso con garantías al debido proceso”.

Como último señalamiento, la ONU exhortó al gobierno argentino “a fortalecer otras medidas sociales, como la Asignación Universal por Hijo”, entendiendo que beneficia “al 59 % de la población rural”.

A partir de estas observaciones, el abogado y especialista en temas previsionales, Miguel Fernández Pastor, hizo una presentación ante el INADI argumentando que existe “una deliberada política de discriminación de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

Para Fernández Pastor, “la mayoría de estas políticas se pudieron aplicar por la impúdica complicidad de los jueces de la Seguridad Social y hoy de la Corte Suprema”. El máximo tribunal tiene para su tratamiento la constitucionalidad de la modificación del cálculo jubilatorio. Sin embargo, lo único que está en agenda del máximo tribunal en relación a los jubilados es la resolución del “caso Blanco”, un caso testigo cuya resolución se extendería a otras 150 mil personas que reclamaron en la Justicia, en lugar de los millones de afectados por la cuestión de fondo, que es la fórmula del cálculo jubilatorio.