La secta del gatillo: disparar primero, preguntar después

El decreto 956 fue calificado de "legalización del gatillo fácil" y "pena de muerte encubierta". El Cels indicó cuáles son los peligros que encubre. En Córdoba, la Policía no adherirá al protocolo de Bullirch, aunque los miles de gendarmes que operan en la ciudad están desde ayer avalados por el nuevo paradigma.

 martes, 4-diciembre-2018

La Gendarmería que hace tareas de seguridad en Córdoba puede actuar con el nuevo protocolo, aunque la Provincia no adhiera para la Policía local. (Foto: Twitter @MolinaGusta)


El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) salió al cruce del decreto 956/2018 del gobierno nacional, que permite a las fuerzas de seguridad federal el uso de armas de fuego sin dar la voz de alto y con total discrecionalidad. “Quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior” y busca evitar “el control judicial”, advirtió.

“A partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente” señaló el Cels en un comunicado difundido ayer. “Se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes”, acotó.

El decreto 956/2018 fue calificado por la oposición como “pena de muerte encubierta”, y “legalización del gatillo fácil” ya que habilita a la policía federal, Gendarmería y Policía Aeroportuaria a “disparar primero y preguntar después” y a operar como jueces del supuesto delincuente, aun en situaciones donde no esté claro si hay peligro de delito o no.

En Córdoba, el Gobierno provincial afirmó que no está en estudio adherir al mencionado decreto, por lo que el paradigma Bullrich no regiría para la Policía local. Sin embargo, por el convenio con la Nación, en esta ciudad hay miles de Gendarmes realizando tareas de control y seguridad que sí están habilitados a disparar antes de preguntar.

Los principales peligros

El Cels puntualizó cuáles son los principales peligros de la doctrina Bullrich.

> Se pierde la noción de proporcionalidad al habilitar el uso de armas de fuego contra quienes portan otro tipo de armas o incluso no portan armas.

> La amplitud de situaciones que son caracterizadas como de “peligro inminente” habilita el uso de la fuerza letal contra personas que están huyendo o que forman parte de un grupo en el que hay una persona armada.

> En algunos casos, los policías podrían saltearse garantías tan básicas como el principio de inocencia. Esto ocurre, por ejemplo, porque se otorga la posibilidad de disparar a personas que los policías suponen que podrían haber cometido un delito y se estén dando a la fuga, como ocurrió en el asesinato del niño Facundo Ferreira en Tucumán.

> El nuevo reglamento no expresa que aun cuando se utilicen las armas de fuego los funcionarios deben reducir al mínimo los daños y lesiones y proteger la vida humana, como indican los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que la propia resolución invoca en los considerandos.

> Tampoco explicita que se deberá hacer lo posible para excluir el uso de armas de fuego contra niños, niñas y adolescentes, como indica el Código de la ONU.

El tema judicial

El Cels destacó que son los jueces los que interpretan la normativa y los estándares de uso de la fuerza y deciden en cada caso pero que el nuevo reglamento “recorta las facultades de los jueces para establecer posibles conductas ilegales ya que encuadra como “cumplimiento de deberes” una amplísima gama de situaciones de uso de la fuerza letal que hoy son consideradas como irracionales y excesivas, intentando así eximir de responsabilidad al funcionario a priori”.

En cambio, para el abogado cordobés Lucas Crisafulli, especialista en seguridad democrática, “dentro de la pirámide jurídica de validez de las normas, (la resolución de Bullrich) se encuentra bastante debajo del Código Penal, el cual no fue modificado. ¿Qué significa entonces? Que es una resolución ilegal en tanto no respeta el orden jerárquico de las normas jurídicas. Por lo tanto, y esto es lo más importante, se continuará persiguiendo y juzgando a policías que cometan gatillo fácil”.