La sensibilidad de las topadoras
La tensión continúa en el predio de barrio Parque Esperanza en Juárez Celman. Una topadora tumbó algunas de las casas más precarias. Hubo dos detenidos y los vecinos denuncian que se desconoce su paradero. Por qué el operativo es contrario a un amparo vigente.
viernes, 1-junio-2018
Una topadora ingresó el viernes pasado al predio y tumbó todas las viviendas. Una imagen desoladora.
Todavía los vecinos resisten al desalojo, pero la mañana dejó una serie de escenas difíciles de digerir. La más fuerte fue la de Carlos Ávalos, uno de los vecinos del barrio Parque Esperanza, subido arriba del techo de su vivienda, rociándose con nafta y amenazando con prenderse fuego. Casi al mismo tiempo, una topadora ingresaba al barrio, tumbando algunas de las casas más precarias. Hubo vecinos agredidos y una fuerte presencia policial que se prolonga hasta ahora.
La información que proporciona la comunidad del barrio da cuenta de dos vecinos detenidos: Fermín Villegas -a quien hace pocas semanas le quemaron la casa en un incendio que los bomberos probaron que fue intencional- y Marcial Soto. “No sabemos el paradero de los detenidos, no fue informado a qué comisaría o bajo qué cargos fueron imputados”, dice el texto que difundieron los vecinos. Además, no descartan que haya habido algunas mujeres detenidas, ya que en medio de la tensión se dificulta confirmar las informaciones.
El fiscal de la causa, Fernando López Villagra, dijo en declaraciones a Radio Universidad que las detenciones fueron bajo el cargo de “resistencia a la autoridad”.
Un desalojo que desafía pactos internacionales
La última orden de desalojo notificada fue suspendida por la interposición por parte de Joaquín González –representante legal de la comunidad- de un recurso de amparo. El recurso, al que la Justicia hizo lugar, dispone que debe haber “plazo suficiente y razonable de notificación de desalojo”, tal como dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) al que adhirió nuestro país. Por otra parte, la norma internacional señala que “los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda” y que para ello “el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda, resarcimiento o acceso a tierras productivas”. Ninguno de estos requisitos se cumplió.
“Tenemos los relevamientos públicos del propio Ministerio de Desarrollo Social. Además, cada familia cuenta son su certificado de vivienda familiar emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (dependiente del Estado Nacional) y fichas censales (que prueban que las familias no tienen ningún lugar a dónde ir) de todxs sus afiliadxs con lotes y manzanas”, indica el comunicado de Parque Esperanza.