La soberanía energética, de remate
El gobierno nacional decretó la creación de la empresa Integración Energética Argentina SA que fusionará Enarsa y Ebisa, y dispuso la venta de 12 activos del Estado en el sector, que incluyen seis centrales termoeléctricas y participación accionaria en distintas compañías.
jueves, 2-noviembre-2017
Las represas sobre el río Santa Cruz fueron paralizadas por Macri, y están en un proceso de renegociación con capitales chinos.
El Decreto 882/2017 que se publicó en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, informa de la creación de la empresa Integración Energética Argentina S.A, que absorverá a Enarsa y Ebisa, que comercializan la energía entregada por los emprendimientos binacionales y además es el vehículo por lo cual el Estado ejerce sus derechos accionarios en la Entidad Nacional Yacyretá, ambas encuadradas bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería.
Enarsa tiene bajo su responsabilidad la importación de gas natural desde Bolivia, el intercambio de gas natural con Chile y las compras de los embarques de GNL, que mueven miles de millones de dólares y que es apetecido por empresas del sector privado, entre ellas Shell, la compañía que salió beneficada con contratos muy jugosos en una de las primeras decisiones ministeriales del ¿Ex? CEO de la petrolera angloholandesa.
Además de lo material, el gobierno está decidido a barrer del mapa cualquier vestigio del kirchnerismo, y por eso el decreto señala que las represas hidroeléctricas en construcción sobre el Río Santa Cruz dejarán de llamarse Néstor Kirchner y Jorge Cepernic para rebautizarlas Cóndor Cliff y Barrancosa.
Vuelta a los 90
En un nuevo proceso de privatizaciones encarado por Macri luego de su revalidación electoral, el Estado se desprenderá de las centrales de ciclo abierto Ensenada Barragán en la provincia de Buenos Aires, y Brigadier López en la provincia de Santa Fe, y serán ofrecidas al sector privado las inversiones concretadas mediante el Fondo de Inversiones para el Mercado Eléctrico Mayorista (FONINVEMEM), creado en 2005 para incrementar la oferta energética y que incluye las centrales térmicas de ciclo combinado de 800 MW General Belgrano, Vuelta de Obligado y Almirante Brown, en Buenos Aires, y General San Martín, en Santa Fe.
El Gobierno también decidió desprenderse de las participaciones accionarias del 50% que Enarsa tiene en la compañía Citelec, empresa titular del 52% de Transener, la transportista de ultra alta tensión, las cuales el Estado adquirió en 2016 a un valor de 7,2 pesos la acción y hoy cotiza en el mercado por encima de los 40 pesos, lo cual hace aún más inexplicable los motivos de su privatización.
También serán vendidas las acciones públicas en las empresas Central Puerto, Transba, Dique SA y Central Térmica Güemes, y el 51% accionario de la empresa Dioxitek, cuya planta se está construyendo en la provincia de Formosa para transformar el dióxido de uranio en pastillas de uranio, elemento combustible para las centrales nucleares, que confirman que el Estado nuevamente deja en manos privadas un sector estratégico para el desarrollo nacional.