La tierra es nuestra

Por Camilo Ratti

A las seis de la mañana, Vanesa y Carlos escucharon ruidos. Se levantaron de un salto. Su casita de bloques, chapas y palos en barrio comunitario Parque Esperanza estaba rodeada por la guardia de infantería. Cuando Carlos y el padre de Vanesa, que vivía al frente, salen a ver qué pasa, sus ojos anticipan el horror que se desatará después: policías arrastrando familias enteras, niños llorando, las primeras llamas del infierno.

Vanesa cierra como puede su vivienda, pero siente cómo empiezan a romper las paredes. Ella y Carlos se suben al techo con su pequeña hija de dos años en brazos. Carlos se rocía con nafta y amenaza con prenderse fuego. Vanesa le anuncia a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que está embarazada.

Fueron los únicos momentos en que la barbarie que estaba comenzando se detuvo un instante en esa casa, porque en las otras, topadoras, un ejército de policías y un fuego incesante empezaban a consumir el resto de las viviendas que con mucha dignidad habían hecho realidad barrio comunitario Parque Esperanza.

Vanesa y Carlos antes de que derribaran su casa.

Hoy se cumple un mes en que esas familias perdieron todo. No era mucho, pero lo habían conseguido con trabajo y organización. Sin ayuda del Estado –en ninguno de sus niveles- más de ciento veinte familias construyeron un barrio en Juárez Celman, la localidad ubicada apenas la circunvalación se pierde en la ruta nueva que lleva a Jesús María. Muchos de ellos se habían criado en Ciudad de de los Niños, las urbanizaciones que José Manuel De la Sota desparramó por la periferia de la ciudad para que los pobres no fueron parte del paisaje urbano. De ahí que se llamaran “barrios ciudades”.

Organizados en cooperativa, entre todos levantaron sus casitas, diseñaron los espacios comunes, la huerta comunitaria y se turnaban para cuidar a los hijos, que son muchos. Por ese espíritu colectivo y solidario, el lugar fue refugio de muchas mujeres solas que huían con sus niños y niñas de la violencia machista.

Con la cooperativa como herramienta jurídica, solicitaron al Estado provincial la expropiación de esas once hectáreas de tierra ociosa, propiedad de dos privados y, en una pequeña parte, de Caminos de la Sierras. Durante cuatro años tuvieron múltiples reuniones con funcionarios estatales para acceder a un pedazo de tierra para poder vivir. Un derecho cada vez más escaso producto de la especulación inmobiliaria y la ausencia de políticas públicas.

No bajaron los brazos y con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Social en 2016, barrio Parque Esperanza pasó a ser uno de los 4100 barrios populares de Argentina que el Estado Nacional se comprometió a expropiar, legalizar y urbanizar. Censaron a las familias y presentaron los papeles correspondientes. Su presidente, Andrés Villalba, explicó en diferentes comisiones del Congreso Nacional la emergencia habitacional en Córdoba y la urgencia de regularizar la situación de quienes integraban la cooperativa: changarines, albañiles, empleadas domésticas, trabajadoras en talleres textiles de la ciudad de Córdoba. Nada fue suficiente.

Números que muestran la problemática de la tierra en Córdoba.

El 1 de junio a las 6 de la mañana, en el día más frío del año, más de 500 policías con la Guardia de Infantería al frente, pusieron en marcha “el desalojo más violento que presencié en mi vida”, según lo reconoció un alto jefe policial al abogado Ramiro Fresneda, que recién a las 3 de la mañana del sábado 2 terminó de sacar a los últimos detenidos de la comisaría de Jesús María. A esa ciudad y a Colonia Caroya habían sido trasladados quienes no se resignaban a que topadoras y llamas de cinco metros de alto consumieran lo poquito que tenían.

El refugio de dios

Después del desmadre de ese viernes maldito, las familias se atrincheraron como pudieron en la capilla de Juárez Celman y desde hace un mes más de cien personas viven hacinadas en ese lugar, abrigadas por la solidaridad de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Profesionales de Servicio Social de Córdoba y de la ciudadanía cordobesa, que se movilizó ante tamaña violación de los derechos humanos más elementales.

Tan espantosa y humillante fue la represión, que Vanesa, la joven que se había trepado al techo de su casa para evitar su derrumbe, perdería a los pocos días un embarazo por el stress vivido junto a su pareja y su pequeña hija.

Tierra, no dádivas

“No queremos colchones ni dádivas, eso ya lo tenemos por la solidaridad de la gente, queremos tierra para todos, acá no hay una salida individual, sino colectiva”, fue lo que salió siempre de las asambleas de la cooperativa ante cada ofrecimiento asistencial del gobierno, que hizo lo posible y lo imposible por quebrar la unidad de quienes resistían, y que logró con muchas familias que terminaron aceptando desesperadas el subsidio de 42 mil pesos para irse de Juárez Celman.

No pudo con la mayoría, que logró instalar el conflicto a fuerza de marchas y acciones callejeras que permitieron visibilizar lo que muchos medios buscaron silenciar y tergiversar. Luego de cuatro mesas de diálogo que no llegaron a nada, el acompañamiento de la universidad y la presión que desde Roma bajó al Arzobispado de Córdoba y de éste al Centro Cívico, rindió sus frutos: dos días antes de que el desalojo de Parque Esperanza cumpliera un mes, Sergio Tocalli recibió el viernes en su despacho de Desarrollo Social a Andrés Villalba, presidente de la Cooperativa, al abogado de la misma, Joaquín González, al padre Julio Monge, párroco de la capilla de Juárez Celman, al Arzobispo Auxiliar de Córdoba, PedroTorres, y a funcionaros de la Dirección General de Hábitat de la Provincia.

En dicha reunión, y por primera vez, el gobierno aceptó hablar de tierras. El cambio de postura habría llegado luego de una larga conversación que Torres mantuvo la noche anterior con el ministro de Schiaretti en busca de una respuesta a quienes hace 30 días viven en un edificio religioso. “Hay una propuesta para conseguir lotes para las familias más necesitadas”, le dijo uno de los presentes a este portal. No precisó ni la cantidad ni el lugar. “Es una propuesta abierta, a trabajar, que se complementaría con la firma de un convenio con la Cooperativa para que en el transcurso de un año, dos, ésta pueda acceder a créditos y ofrecer soluciones al resto de sus integrantes”.

Cuando se consultó si los terrenos iban a ser en Juárez Celman, la fuente resaltó que el Arzobispo Auxiliar le dijo al ministro que “no había que romper lo comunitario”. De todas maneras, la posibilidad de tierras no sería en la localidad que gobierna la intendenta Mirian Prunoto, fuertemente enfrentada a la Cooperativa, sino en un lugar cercano a esa ciudad.

A nivel nacional se trabaja en una ley para regularizar los barrios y asentamientos populares.

¿Quién ordenó el operativo?

Mientras el reclamo de tierras parece vislumbrar una solución, lo que la justicia provincial tiene que investigar es quién ordenó el operativo que arrasó con todo lo que tenía en frente, produciendo una de las escenas más violentas que se recuerden en Córdoba.

Para eso, los vecinos de Parque Esperanza presentaron una denuncia penal en la fiscalía 3 turno 5 a cago de Patricia García Ramírez. “El operativo se realizó sin una orden judicial”, le dijo a este portal Joaquín González, abogado de la Cooperativa. “Presentamos las pruebas y cómo fueron los hechos”, agregó.

La respuesta de Tribunales a la denuncia que firmaron cincuenta damnificados fue que están realizado las medidas preparatorias. “A la semana de la denuncia siete mujeres del barrio se presentaron como querellantes, ahora la fiscalía tiene que responder si acepta o no a estas personas en la causa, aún no tenemos esa respuesta”, explicó González.

Es indudable que el carril político se cruza con el jurídico, porque el primero debió haber evitado el segundo. Pero hay un dato que apunta los cañones al Ejecutivo provincial como máximo responsable: el próximo miércoles la Cámara de Diputados de la Nación tiene previsto votar la Ley de Integración Urbana y Regularización Dominial, con el objetivo de frenar los desalojos por cuatro años para el 60% de los barrios que están asentados en propiedad privada. Según el Renabap, son 4100 a nivel nacional, donde viven tres millones y medio de personas. Parque Esperanza era uno de ellos.