La tierra para los amigos de Morales

Alrededor de cien familias campesinas indígenas de la comunidad Tusca Pacha de Jujuy sufrieron hoy el desalojo por parte de 150 policías que avanzaron de manera violenta contra hombres, mujeres y niñes, efectuando disparos y destruyendo algunas precarias viviendas. Con el aval del Poder Judicial y el gobierno de Gerardo Morales, se dio lugar a la denuncia de una inmobiliaria vinculada al poder político, a pesar de las pruebas que presentaron quienes viven allí desde hace más de 50 años.

 martes, 20-octubre-2020

Alrededor de 100 familias campesinas indígenas fueron violentamente desalojadas por la policía. Una inmobiliaria vinculada al gobierno de Gerardo Morales reclama el territorio con fines económicos.


“La tierra para quien la trabaja y lucha por ella”. Una de las consignas que repiten desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Sin embargo, en Jujuy la tierra es para quien tiene contactos políticos y el apoyo del Poder Judicial. En horas de la mañana, alrededor de 150 policías arribaron de forma violenta a la comunidad Tusca Pacha en la zona de Palpalá y, mediante disparos, forcejeos y destrucción de algunas viviendas, desalojaron a las cien familias que residen en el lugar desde hace más de 50 años. El despliegue represivo terminó con cuatro personas detenidas – que fueron liberadas por la tarde – y tres imputadas por “resistencia a la autoridad”, además de varias personas heridas, entre ellas, un niño de 11 años.

“Me pusieron el caño en la sien”, denunció un joven a Jujuy al Momento. Sin que mediara ningún tipo de comunicación y con ataques que comenzaron la noche anterior cuando robaron banderas e insignias de la comunidad, el accionar de las fuerzas de seguridad jujeñas violó por completo la Ley 26.160, que suspende los desalojos de comunidades indígenas y ordena el relevamiento de las tierras ocupadas por ellas. “Para las personas privadas, esto es sólo un pedazo de tierra, pero para la comunidad es su vida, su territorio, su forma de subsistencia”, expresó la titular del INADI local.

De acuerdo a lo que señalaron referentes de la comunidad originaria a FM La Patriada, el conflicto viene desde hace dos años cuando, repentinamente, aparecieron “supuestos titulares registrales” pretendiendo recuperar el territorio. “Desde que fue denunciada como usurpadora, la comunidad se presentó, se puso a derecho, ofreció elementos probatorios. Pero nunca se les hizo lugar”, aseguró la abogada especializada en DDHH, Paloma Álvarez Carrera. “Estamos muy angustiados y muy indignados por cómo actuó la policía, solamente escuchando a la Inmobiliaria Sucre que sus dueños son la familia Alfredo González y Simón Gronda que representan a funcionarios políticos”, detalló Juana Mamani, presidenta de la comunidad.

Ayer el Movimiento Nacional Campesino Indígena había alertado sobre la posibilidad del desalojo, revelando que los beneficiarios de la “arbitrariedad” estaban relacionados a Javier Gronda, secretario de Relaciones y Asuntos Municipales del gobierno de Gerardo Morales. Desde la comunidad, denuncian un negocio con la gestión municipal que destinaría las 80 hectáreas para un loteo y un proyecto inmobiliario. “Nosotros nos dedicamos a la agricultura familiar y sobrevivimos así, de forma pacífica y en armonía con el medio ambiente, produciendo alimentos agroecológicos para la sociedad”, indicó la referente. “Tan rápido actúa la justicia en tiempos de pandemia y para los humildes nada. Ni siquiera deben haber mirado las pruebas que mostramos nosotros en diciembre pasado”, lamentó.