“Las fuerzas de seguridad no pueden hacer lo que quieran”

“Estoy en contra de la pena de muerte. Solamente Dios nos da la vida y nos la quita”, arrancó Luis Angulo, al ser consultado sobre el caso Chocobar y el asesinato del joven ladrón Kukoc. El ministro de Justicia provincial remarcó que “hay protocolos de actuación que deben ser respetados, fijados en los tratados internacionales y en la Constitución, y en Córdoba se respetan”.

Según la máxima autoridad en materia de derechos humanos del gobierno provincial, “para preservar el Estado de derecho es necesario que las fuerzas de seguridad tengan esos límites, para no volver a la ley de la selva”. El ministro remarcó que “los argentinos hemos sufrido la desaparición de 30 mil personas sin juicio previo”. Con estas consideraciones, se distanció de la ‘teoría Chocobar’.

Angulo remarcó tres puntos básicos: tres princpios basicos: el principio de necesidad (“¿era necesario utilizar un arma de fuego?”); protección a la vida, que dice que “no se podrá matar a un ladrón que está huyendo y no supone un peligro inmediato”; por último, recordó una jurisprudencia de la Corte Suprema reflejada en el fallo del caso Castañeira.

“La Corte dice explícitamente que si en el momento de efectuar el disparo mortal, el ataque había cesado y en consecuencia no hay riesgo cierto, grave y actual, la condena impuesta al integrante de las fuerzas de seguridad debía mantenerse“, señaló Angulo. En ese caso, el agente fue condenado a 15 años de prisión.

Córdoba, contra la tortura

El gobierno impulsará un proyecto de ley para la creación de un mecanismo contra la tortura. Es un proyecto que sus creadores -distintas organizaciones sociales- intentaron llevar adelante meses atrás. Ahora, el gobierno mostró voluntad política: “La finalidad es colaborar en este proceso tendiente a profundizar la política del gobierno provincial de reconocimiento de los derechos en favor de las personas que se encuentran privadas de su libertad”.

Se crearían dos organismos: uno ejecutivo, el comité provincial; el otro un consejo consultivo. Estos organismos podrían concurrir, incluso sin aviso previo, a verificar las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad.