“Las pruebas están en los expedientes que ellos firmaron”

Lo dice a Al Revés Miguel "Vitín" Baronetto, uno de los cinco querellantes que después de vencer la resistencia de la Sagrada Familia judicial, lograron que este martes 25 de julio comience el “Juicio a los Magistrados”, el primero que investigará la participación civil de cuatro funcionarios judiciales durante la dictadura en Córdoba. Están acusados de complicidad en el asesinato de 30 presos políticos de la Penitenciaría de San Martín (UP1) en 1976, y de no haber impedido traslados y tratos aberrantes sufridos por 75 detenidos en 119 hechos ocurridos en esa cárcel.

 Lunes, 24-julio-2017

Vitín y otras víctimas tardaron más de 30 años para llegar al juicio que involucra a la justicia federal.


Por Camilo Ratti

“Yo hacía así –Luciano Benjamín Menéndez extiende la palma de su mano hacia arriba- y todos estos comían de ahí”. El ahora ex general, el más condenado de la historia, no podía domar su furia ante la defensora oficial, Mercedes Crespi, quien oficiaba de abogada suya en el primer juicio que lo condenó a cadena perpetua en Córdoba, el 24 de julio de 2008. Y no era para menos: uno de los tres jueces del Tribunal Oral Federal Nº1 que iba a juzgarlo casi treinta años después, era nada menos que Carlos Otero Alvarez, el mismo que a mediados de los años 70, cuando él era el dios de la vida y la muerte de millones de personas, oficiaba de secretario penal del Juzgado Federal Nº1 a cargo de Zamboni Ledesma, el juez más cómplice que tuvo la dictadura en esta comarca.

Miguel “Vitín” Baronetto era uno de esos presos que padeció en carne propia las torturas de la dictadura, y quien se enteró -preso e incomunicado-, que su esposa, Marta Juana González, fue sacada de la cárcel y fusilada a pocas cuadras de ahí junto a otros detenidos, en el último de diez hechos que Menéndez ordenó llevar a cabo entre mayo y octubre del 76 para aniquilar a los “enemigos subversivos”. Hechos que fueron ventilados y juzgados en el juicio del 2010, que tuvo a Menéndez y Videla entre sus principales condenados.

Baronetto es uno de los cinco querellantes de la causa que este martes 25 de julio, buscará probar la responsabilidad de Antonio Cornejo (ex fiscal federal), Miguel Ángel Puga, el ex juez federal N°2, Carlos Otero Álvarez (ex secretario del Juzgado Federal N°1) y Ricardo Haro (ex defensor oficial), a quienes se los acusa de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en 119 hechos con 75 víctimas. Están eximidos, por razones de salud o fallecimiento, el ex juez federal Nº2, Zamboni Ledesma, Luis Enrique Molina, defensor oficial, y Alí Fuad Alí.

Resistencia con clase

“Después de 41 años esperamos que se haga justicia con quienes fueron colaboracionistas con la dictadura genocida. Desde el 84 que nosotros denunciamos todos estos hechos, pero la ex jueza federal, Cristina Garzón de Lascano, los dividió de la causa de la UP1, porque involucraba a la Sagrada Familia judicial de la cual ella también era parte”, dice sin una pizca de venganza, pero con necesidad de justicia “Vitín” Baronetto a Al Revés.

“Todas las pruebas están en los expedientes que estos acusados firmaron mientras nosotros estábamos detenidos, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Legalmente si se puede decir, por aplicación de la Ley de Seguridad 20.840. Pero ni siquiera revisaron las autopsias de los asesinados, ni las detenciones arbitrarias, ni las torturas o apremios ilegales que padecíamos en la penitenciaría. Es más, sabiendo cómo era el accionar de Menéndez, autorizaron los traslados y las salidas de la cárcel que luego terminaron en asesinatos en la calle. Porque no fue un hecho, fueron diez, y todos con el mismo procedimiento”.

El primero en Córdoba

Militante de base del peronismo revolucionario y cristiano, “Vitín” remarca todo lo que tuvieron que pelear para que se pudiera realizar el juicio: “Es la primera causa de complicidad civil que llega a juicio en Córdoba, que no avanzó justamente porque los responsables forman parte de lo que se conoce como la Sagrada Familia judicial. Una gran cantidad de funcionarios se excusaron por amistad manifiesta con los acusados, por eso fue más difícil este juicio que el de los militares o los policías, porque el poder judicial sigue vivo, intacto te diría”.

De todas maneras, el Tribunal que integran Fabián Falcucci como presidente, José Camilo Uriburu (La Rioja) y Jorge Gallino (Concepción del Uruguay) tendrá la responsabilidad histórica de juzgar la complicidad civil que fue necesaria para cometer asesinatos y otras conductas aberrantes: “Las pruebas están todas, las testimoniales y las documentales, porque la firma de los acusados están en todos los expedientes, en todas las actuaciones, tanto por lo que hicieron como por lo que no hicieron para garantizar justicia. Es una oportunidad histórica para terminar con la impunidad” .