“Las torturas no ocurren sólo en las cárceles”

En el 2013 se sancionó en el Parlamento la ley que creó el mecanismo de protección contra la tortura, que delega a cada provincia a que dicte su propia ley y cree los organismos provinciales para erradicar las torturas y tratos degradantes en cualquier institución, no solo las carcelarias. Córdoba aún no aprobó ningún proyecto de ley, aunque el legislador Martín Fresneda elaboró uno que aún no tiene tratamiento parlamentario.

Para impulsar esa iniciativa, hoy en el auditorio del sindicato de Luz y Fuerza, más de cuarenta organizaciones sociales, civiles, gremiales, de derechos humanos, estudiantiles y estatales, se juntarán para lanzar la campaña “Córdoba contra la Tortura”, con el objetivo de “sensibilizar a la sociedad y a las instituciones para erradicar estas prácticas aberrantes”, que contará con la presencia y la palabra de Horacio Vertbisky, periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Nos pusimos de acuerdo en trabajar para visibilizar que no sucedan más tratos de penas inhumanas, crueles y degradantes en instituciones de encierro, no solo en cárceles, sino en establecimientos policiales, neuropsiquiátricos, geriátricos e institutos de menores en los que los chicos están privados de su libertad”, señaló a este portal Jorge Perano, defensor oficial y cotitular de la comisión de cárceles de la Defensoría General de la Nación, que forma parte de las organizaciones convocantes.

Perano lo dice con conocimiento de causa: : “En Córdoba hay varios antecedentes y resoluciones de la justicia federal que detectaron la existencia de personas encerrados por más de 23 hora en una misma celda, hacinamientos y malos tratos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció 7 metros cuadrados por persona encerrada, y en Córdoba había 3 o 4, por ejemplo”.

Para abordar estas situaciones, la ley nacional creó un equipo de monitoreo con personas idóneas en el respeto de los derechos humanos (no necesariamente con títulos académicos), que tienen la autoridad para inspeccionar las instituciones y denunciar que no se apliquen estas prácticas “El ámbito de actuación de este equipo les permitiría ingresar a todas las instituciones donde haya personas privadas de su libertad o no puedan salir por su voluntad, como podría ser un geriátrico o un instituto neuropsiquiátrico”, aclara el funcionario.

Específicamente en las cárceles o institutos de menores que albergan a chicos en conflicto con la ley penal, es importante según Perano “realizar monitoreos no solo en los lugares administrativos, sino también en baños, cocinas, hospitales penitenciarios o celdas. El mecanismo de monitoreo debe ser multifuero, con participación de la sociedad civil, del poder legislativo, ejecutivo y otros”.

“En esta provincia no hay un servicio penitenciario federal, por lo que se vuelve indispensable un mecanismo que permita ingresar a las cárceles provinciales para controlar que no existan prácticas de tortura o tratos degradantes y crueles”.

Jorge Perano, Defensor Oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.