Laura Alonso, contra la ley que debería hacer cumplir

La consultora Consuasor es una empresa ligada al PRO a la que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, decidió contratar para que se haga cargo de las relaciones de la OA con los medios y actúe como vocera y agente de prensa. Lo sorprendente es que, como declara la propia empresa, se dedica al “lobbying”: defender los intereses de empresas privadas antes los gobiernos. Esto pondría a Laura Alonso ante una situación de conflicto de intereses al contratarla.

“Con un enfoque profesional, original y ético del lobbying en tanto gestión de los intereses de nuestros clientes ante los gobiernos, ayudamos a quienes nos eligen a lograr consensos para sus proyectos”, reza el sitio web de Consuasor. La Ley de Ética Pública dice en su artículo 2 que el funcionario estatal debe comprometerse con “velar en todos sus actos por los intereses del Estado, privilegiando el interés público sobre el particular”. Estos dos postulados colisionan de manera evidente.

“Es incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado”, puntualiza la Ley en su artículo 13.

Tal como publica el periodista Sebastián Lacunza en el diario Página/12, la OA cambió de agente de prensa tres veces en dos años, para finalmente contratar a Consuasor por un monto que todavía no se conoce. Los “prensa” del Estado son, por norma general, empleados públicos o un equipo de ellos.

Uno de los fundadores de Consuasor está ligado fuertemente al PRO. Juan Gentile fue jefe de prensa del PRO en el Congreso entre 2008 y 2012 y del PRO como partido entre 2012 y 2015. Luego, ya con Macri en la Casa Rosada, fue subsecretario de Comunicación Pública hasta que falleció en septiembre del año pasado de una enfermedad, a la joven edad de 34 años. Además, fue asesor del diputado cambiemista Federico Pinedo.