Les siguen pegando a los de abajo
Tras 13 días de paro, los trabajadores del servicio de transporte urbano de Córdoba fueron reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos por la Policía Motorizada y la Guardia de Infantería cuando intentaban movilizarse hacia el Palacio 6 de Julio para reclamar por la deuda de más de 100 mil pesos que mantienen las empresas con cada uno de los choferes. Desde UTA, advirtieron al intendente Martín Llaryora que no es su función realizar una propuesta salarial, sino que debería intimar a los empresarios a que cumplan con el pago de los haberes, aguinaldo y obra social.
lunes, 13-julio-2020
La Policía de Córdoba y Guardia de Infantería reprimieron a los trabajadores del transporte público de pasajeros cuando reclamaban por una deuda salarial que acumula más de 100 mil pesos con cada chofer. Fotografía de Ramiro Pereyra, La Voz.
Así como el actual intendente Martín Llaryora prometió “armonizar” la gestión de la ciudad con la de la provincia de Córdoba, la pandemia y las consecuentes medidas del ASPO se conjugaron con la oportunidad – tanto de empresarios como de gobernantes – de mantener paralizado el servicio de transporte público y así evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, quienes están sufriendo las consecuencias de esta especulación son los 3 mil choferes, a los que ya se les adeuda más de 100 mil pesos (además del aguinaldo completo, vales y obras sociales), y los miles de usuarios que tiene la ciudad.
En este contexto y tras 13 días consecutivos de paro, hoy los trabajadores del transporte urbano de pasajeros – algunos nucleados en UTA y otros autoconvocados – intentaron movilizarse hacia el Palacio 6 de julio para rechazar la propuesta de cobrar el 88% del sueldo y el pago en cuotas del aguinaldo correspondiente al mes de junio, pero fueron interceptados y reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos por la Policía Motorizada y la Guardia de Infantería en pleno centro de la ciudad. Además de llevarse detenidas a ocho personas, miembros de las fuerzas de seguridad agredieron a Pablo Farías, secretario adjunto de UTA, cuando se acercó a pedir por la libertad de esos trabajadores.
Según indicó la titular de UTA, Carla Esteban, el gremio realizará una presentación judicial contra el fiscal Raúl Garzón que fue quien ordenó la represión de la protesta. A su vez, la dirigente gremial – que está siendo cuestionada por algunos trabajadores – apuntó contra el intendente Martín Llaryora por la propuesta de recorte salarial. “No tiene facultad para proponernos semejante cosa”, sostuvo a Canal 10. “Nos manda la Policía, pero le tiembla el pulso para cumplir con su función que es intimar a las empresas que nos paguen lo que corresponde”, agregó. En ese sentido, detalló que continuarán con la retención de tareas, el paro por tiempo indeterminado y las protestas. “Esperamos que los usuarios también reclamen”, finalizó.
La represión fue repudiada por el Sindicato de Luz y Fuerza, la CTA Autónoma de Córdoba, el colectivo Más Democracia y partidos de izquierda, entre otros. Los sectores denunciaron una criminalización de la protesta social en medio de la pandemia y responsabilizaron al gobierno provincial por la violencia ejercida por las fuerzas policiales frente a “un conflicto que ya lleva más de 50 días sin resolver”.