Licencia para fallar

La vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, solicitó una licencia oficial y por lo pronto no estará presente en la reunión de acuerdos de mañana,la primera luego de las masivas movilizaciones en repudio al fallo que otorgó el derogado beneficio del 2×1 para delitos de lesa humanidad, y tras la decisión del Congreso de votar en tiempo récord una ley interpretativa para limitar el beneficio habilitado por el máximo tribunal.

Según fuentes judiciales, “en principio” la licencia será “por una semana”, pero no indicaron los motivos. Por otra parte, el acuerdo de este martes quedó postergado hasta la semana próxima, cuando Highton se reintegraría a la Corte y el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, retorne de un viaje al exterior.

La jueza, que en diciembre cumplirá la edad jubilatoria, quedó en el ojo de la tormenta porque en el caso Muiña, modificó os argumentos de votos anteriores en relación a los casos de lesa humanidad, en contra inclusive de fallos y principios jurídicos que la Argentina ratificó en tratados internacionales, y que la colocaron a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos.

La magistrada, que llegó a la Corte en junio de 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, fue noticia a principios de este año cuando en febrero presentó un amparo para seguir en funciones después de cumplir 75 años en diciembre -el límite estipulado por la Constitución Nacional para ejercer el cargo en el máximo tribunal-, y el gobierno de Macri no apeló esa medida, echando un manto de sospecha sobre la jueza.

Si Rosenkrantz, el ministro que entró por un decreto de Macri al igual que Rosatti, habría sido el autor ideológico del fallo de Muiña, cómo no pensar que la actuación de Highton de Nolasco tiene que ver con la nueva mayoría que el gobierno necesita en la máxima instancia judicial argentina.

Unificarán pedidos por el 2×1

En lo que respecta a los efectos jurídicos del fallo del 2×1, la Corte Suprema emitió un comunicado en el que informó que unificará todos los pedidos pendientes de las defensas de los genocidas, bajo el mismo argumento que utilizó Muiña y los analizará dentro de diez días, cuando las partes se hayan expedido, teniendo como elemento la ley sancionada por el Parlamento el miércoles pasado,que prohíbe aplicar el beneficio del 2×1 a los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.