Llaryorazo

Luego de un prolongado silencio, el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora habló por diferentes medios acerca del plan de gestión que está llevando adelante desde diciembre del año pasado cuando asumió su función. “Uno tiene que optar entre salir en los medios, o resolver los problemas”, se justificó. Dijo haber recibido “una ciudad detonada, abandonada y maltratada en sus servicios” y un “municipio fundido”. Consideró que Córdoba no se encuentra peor “gracias al espíritu de los cordobeses, a su corazón” – o a su bolsillo – y se animó a denominar su proyecto al frente del Palacio 6 de Julio como un “Plan Marshall”.

Delirios de grandeza aparte, Llaryora se vio obligado a dar explicaciones respecto de lo que, tanto ciudadanos como oposición política, denominaron – y sintieron – como un “impuestazo”, pero al que él denominó “justicia tributaria”. En algunos casos, la suba alcanzó entre el 70 y el 100% en el arancel inmobiliario municipal, siendo que la ordenanza de emergencia económica sancionada a fin de año, establecía un incremento del 53% y mantenía un 41% para las viviendas de sectores vulnerables. Frente a esto, Llaryora sostuvo que pueden ser excepciones por tener “metros no declarados”, porque “no se adecuaron a la rebaja del 30% del contribuyente cumplidor”, o “por una deuda anterior impaga”.

Si bien al impuesto inmobiliario municipal se le sumó una sobretasa del 10% aplicado al nuevo monto por el Fondo Solidario de Inclusión Social, la realidad es que muchos cordobeses que habitan barrios humildes de nuestra ciudad recibieron notificaciones con aumentos que superan el 68%, según informó La Mañana de Córdoba. Desde la oposición, criticaron el impuestazo desde sus cuentas oficiales de Twitter. “Demostramos que el promedio real es del 72% con incrementos que superan ampliamente los porcentajes estipulados”, escribió Rodrigo De Loredo de Cambiemos. Mientras tanto, Juan Negri, presidente del Bloque Córdoba Cambia, inició una “campaña” a través del sitio Change.org con el objetivo de juntar firmas en contra de la medida impositiva de Llaryora.

OTA invasión al bolsillo

Otro de los ítems que defendió el intendente de la ciudad fue la nueva Ordenanza Tarifaria Anual (OTA) también aprobada a fines del año pasado. De acuerdo a esta normativa, aumentó la tasa que grava la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, como por ejemplo EPEC y Ecogas, entre otras. En el caso de la empresa de energía eléctrica, la Municipalidad le cobra 1,5% más un fijo de 437 pesos por cada 10 mil kilovatios; mientras que en el caso del gas, la Ciudad le cobra el mismo porcentaje más un fijo de 2.235 pesos, según publica el diario Comercio y Justicia.

La preocupación de los cordobeses es que esta suba sea trasladada a los usuarios luego de que venza a mitad de año el congelamiento de las tarifas de servicios decretada por el gobierno nacional. Quienes también manifestaron su descontento fue la C20 que nuclea a cámaras y a Pymes de la provincia de Córdoba que ven afectada su actividad con esta presión tributaria. “Cuenten con nosotros para seguir solventando el déficit del Estado”, se quejaron por redes sociales. Otro que irnozió al respecto fue el concejal de Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quinteros, que consultó si algún contribuyente de Comercio e Industria podría explicarle si “a su comercio o empresa le es tan sencillo como a Epec trasladar el aumento de las alícuotas a los precios”.

Frente a estos cuestionamientos, Martín Llaryora insistió en que las medidas apuntan a “privilegiar a los que menos tienen”. “Hay sectores que tienen muchísima fuerza y muchísimo lobby como los bancos”, se excusó. “Le hemos bajado el 25% a la mayoría de los monotributistas: carniceros, panaderos, etc. Además, hicimos digital el monotributo y lo unificamos. Pagas un solo monotributo: municipal, provincial y nacional”, argumentó. “Estamos asumiendo los costos”, manifestó paradójicamente.